Comisión Asesora Contra la Desinformación: Los riesgos, oportunidades y temores que implica la medida
El martes 20 de junio recién pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto que permite la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, instancia que estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La medida busca hacer frente a la proliferación de “noticias falsas”, fortalecer la democracia y potenciar la alfabetización digital.
El decreto causó inmediatamente dudas, especialmente por parlamentarios de la oposición, quienes tildaron de “gravísimo” y “restrictiva” la iniciativa. El descontento es tal que desde Chile Vamos acudirán al Tribunal Constitucional para revisar la viabilidad de lo anunciado por el Ejecutivo.
¿En qué consiste la Comisión?
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, la Comisión Asesora Contra la Desinformación abocará su trabajo en el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; educación y desinformación: alfabetización digital; desinformación en plataformas digitales; buenas prácticas internacionales/experiencia comparada; y políticas públicas y desinformación.
La designación de los integrantes se realizará mediante los actos administrativos respectivos, correspondiendo a la Ministra o Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación designar los nueve integrantes, previa consulta a la Ministra o Ministro Secretaria(o) General de Gobierno.
La instancia, que será liderada por la titular de Ciencias, estará conformada por dos representantes de Universidades Estatales, dos representante de una Universidad Privada incluida en el artículo 1° del DFL N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, un(a) representante de una Universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la Región Metropolitana, tres representantes de una ONG, Fundación o de la Sociedad Civil, indistintamente, cuyas actividades se relacionen con el objeto de la Comisión, un(a) representante de una Organización de Fact-Checking.
En la misma línea, los y las integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones ad-honorem y su desempeño no implicará la creación de un cargo público. Durarán en sus cargos un año, pudiendo ser designados(as) por nuevos períodos de manera sucesiva.
¿Cuál será el rol de la Comisión Asesora contra la Desinformación?
Recomendar a los Ministros o Ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno, las medidas y/o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública.
Asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia.
Elaborar informes que contengan propuestas o conclusiones que surjan, dar recomendaciones y resolver consultas sobre la temática, previamente formuladas por el Segegob y/o del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
¿Por qué y desde dónde surgen las críticas?
Una de las principales razones del rechazo es que atentaría contra la libertad de expresión, derechos básicos de una democracia y que estaría sujeta a sesgos políticos. Otras voces se suman, como la diputada Camila Flores (RN) que lo califica de inconstitucional. Además, desde la derecha han acusado que no se les ha comentado sobre la instancia y tampoco se les ha invitado a participar en ella.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) señaló que la comisión atenta con la prensa libre. “Llegaremos a todas las instancias necesarias, incluido el Tribunal Constitucional, precisamente para salvaguardar y proteger aquellos derechos básicos de una democracia", afirmó.
Otra de las figuras políticas que han criticado firmemente la medida es la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas. “Es un riesgo excesivo para la libertad de expresión y la protección de la misma democracia que se dice querer `tutelar´”, apunta. La legisladora hizo un llamado a que el Ejecutivo reconsidere la medida, “poniendo urgencia y tramitación a un proyecto de ley que presentamos hace meses, sobre contenidos falsos y desinformación”.
¿Qué dice el Ejecutivo?
La ministra de Ciencia y Tecnología, Aisén Etcheverry, en entrevista con La Tercera remarcó que “esta no es una comisión que va a definir qué es y qué no es verdad, no va a hacer un análisis ni va a emitir opinión respecto de contenidos”.
Así también, la secretaria de Estado, indicó al medio que “tampoco se espera que reciba denuncias de fake news ni nada por el estilo, y tampoco se espera que genere una regulación, no es ninguna de esas tres cosas. Esta comisión se crea para comprender un fenómeno social que es la desinformación”.
“Hay un trabajo que se hizo al alero del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a mí me tocó presidir ese consejo y recibí de la mano del presidente anterior, que fue nombrado por el Presidente Piñera, un informe de escenario de prospectiva, de qué estaba pasando en el mundo, y una de las preocupaciones que había era la crisis de la democracia que se explica en gran parte por los temas de desinformación”, explicó sobre el origen de la comisión.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas e indicó que estas instancias no requieren respaldo del Congreso. “Esto no se trata ni de censura ni de los medios de comunicación, se trata de cómo abordamos la problemática que está principalmente radicada en las plataformas digitales y que ha afectado en distintos países”, dijo.
La ministra Vallejo también explica que este tipo de iniciativas se han recomendado por organismos internacionales que han hecho lo mismo en otros países.
Distintas perspectivas
Tras conocerse el decreto que da vida a la Comisión Asesora contra la Desinformación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó sus alertas por la instancia. “Debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”, dijo Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
La Contraloría General de la República descartó ilegalidades en la creación de dicha comisión. “Fue objeto de control previo de legalidad, es decir, se contrastó el ordenamiento jurídico con lo que se estaba diciendo en ese acto administrativo, en el control previo de legalidad que se llama toma de razón. La Contraloría no detectó ningún problema en la creación y en la dictación de ese decreto”, mencionó el contralor Jorge Bermúdez.
Para María Teresa Correa, Directora Centro de Investigación en Comunicación Literatura y Observación Social (CICLOS), este tipo de comisiones se han hecho en otros lugares, particularmente en Europa, en países como Francia y Alemania. “Se les ha pedido a las compañías tecnológicas que tengan una responsabilidad más grande que la que han tenido hasta ahora. Me parece importante que sepamos qué se está haciendo afuera”, añade.
Asimismo, la académica estima que “en Chile hay muchas personas que se dedican al tema de la desinformación y existe un buen nivel de conocimiento. Si se reclutan a las personas adecuadas, este decreto será un gran aporte”.
Francisco Vidal, ex ministro vocero de gobierno y académico de la UDP, critica a la oposición planteando que cualquier cosa que tenga que analizar y evaluar los medios de comunicación en toda su diversidad, la derecha lo verá como un atentado a la libertad de prensa.
“Como tienen la hegemonía de los medios de comunicación, particularmente escrito, en consecuencia siempre levantan la alerta ante cualquier iniciativa de gobierno que tienda hacer más transparente el sistema comunicacional”, sentencia.