Colegio de Profesores pide al Presidente Boric cumplir compromiso de campaña de reparar la “Deuda Histórica” 

A través de la entrega de una carta en La Moneda, el Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, encabezado por su presidente Carlos Díaz, junto a maestras y maestros jubilados, hicieron un llamado al Presidente de la República, Gabriel Boric, “a cumplir con su compromiso en torno a una solución a la Deuda Histórica”.

“Hemos venido el día de hoy a dejar una carta al Presidente de la República para recordarle y expresarle nuestra gran preocupación respecto del incumplimiento de su palabra sobre la presentación de un proyecto de ley, tal cual como él lo anunció en su discurso a la Nación meses atrás, para reparar la deuda histórica”, afirmó el timonel del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz. 

El colegiado además de recalcar que el Estado de Chile lleva 41 años incumpliendo el compromiso de pago de la “Deuda Histórica”, recordó que el Ejecutivo había señalado que en diciembre del 2022 enviaría un proyecto de ley para la respectiva reparación.

“Hemos estado pacientemente esperando la fecha, hemos tenido muchas reuniones con el Ministerio de Educación, pero con mucha tristeza vemos que pasó el mes de diciembre y la palabra del Presidente de la República lamentablemente no se cumplió”, replicó Carlos Díaz. 

El pasado jueves 1 de septiembre, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el contexto del lanzamiento de una plataforma web para que las profesores y profesores adeudados pudiesen revisar si se encuentran en la nómina de docentes traspasados entre los años 1980 y 1987, afirmó su compromiso con el proyecto de ley para reparar la deuda. 

“Esperamos, antes de que termine este año, poder presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional que nos permita efectivamente dar respuesta a esta necesidad y finalmente poder cerrar esta cicatriz en nuestro sistema educativo”, dijo el secretario de Estado.

Marco Antonio Ávila, ministro de Educación.

La Deuda Histórica es el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores. Esto hizo que vieran mermados sus salarios, por lo que en las últimas cuatro décadas miles de docentes han exigido la reparación de esta deuda.