La Minuta AM: Gobierno decide ampliar finalmente querella contra Héctor Llaitul por nuevas amenazas de sabotaje

Lo que pasó: El Gobierno decidió ampliar las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Hector Llaitul, luego de que realizara nuevas amenazas de sabotaje a empresas y atentados incendiarios. En concreto, el ejecutivo aportará antecedentes a las iniciativas de persecución penal que estaban presentadas desde 2019 y 2020.

A pesar de haber descartado inicialmente la medida, pues señalaron que correspondía al Ministerio Público proceder, finalmente anunciaron esta determinación. En efecto, fue el mismo fiscal nacional, Jorge Abbot, quien expresó que su organismo requería de una nueva querella o ampliar las existentes para investigar en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. “La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, precisó Abbott.

Así, anoche la ministra del interior, izkia Siches, anunció que el gobierno finalmente realizará la acción judicial, a pesar de que los ministros Jackson y Vallejo la habían descartado. “Hemos querido evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público, para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona”, expresó en entrevista con CNN Chile.

La titular de Interior agregó que, tras los dichos del líder de la CAM, existe “una estrategia de posicionamiento”, por lo que es necesario que “los poderes establecidos podamos visualizar eso y entender que los liderazgos en La Araucanía, quienes están detrás del crimen organizado (...), no son solo un interlocutor, sino que son mucho más”.

Un cambio de posición: Es segunda vez, durante la actual administración de Gabriel Boric, que Hector llaitul realiza amenazas con publicidad a través de un medio.

Hasta el martes, la postura del gobierno había sido la misma: “Lo que no hemos hecho, tal como lo dijo el Presidente, este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es una línea que baja desde el Presidente en adelante”, explicaba el ministro Giorgio Jackson. Por su parte, la ministra Siches explicaba que con las querellas que ya existían de 2019 y 2020 bastaba para que se hiciese la persecusión penal.

Sin embargo, la presión desde organizaciones gremiales de La Araucanía y los dichos del Fiscal Nacional llevaron a reevaluar la situación, sobretodo tras informes jurídicos de La Moneda que constataba que las amenazas eran hechos constitutivos de delitos y la Fiscalía no podría perseguirlas si el Estado no las incluía como antecedentes, pues la Ley de Seguridad así lo exige.

Por lo mismo, Siches explicó que, tras nuevos análisis, “hay en este caso hechos constitutivos de delito, que esperamos que el Ministerio Público pueda investigar. Pero así, considerando lo que ha manifestado el Fiscal Nacional, hemos optado por ampliar nuestra querella, como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos resuelven esta polémica”

Así, fue el Presidente y la ministra, finalmente, quienes dieron un giro a la estrategia del ejecutivo.

Las amenazas de Llaitul: La semana pasada, durante una entrevista, Llaitul aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -quien también integraba la CAM y falleció el pasado 9 de julio, durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

En ese marco, afirmó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

El líder de la CAM detalló que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores”.

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