Columna de Rodrigo Mayorga: Los riesgos de un acuerdo
A pesar de que muchos no creíamos que ocurriría este año, diciembre concluirá con un acuerdo entre partidos políticos para un nuevo proceso constituyente. Así es: desde enero, si se cumple el itinerario fijado, estaremos otra vez envueltos en la discusión sobre quórums, artículos y qué es materia constitucional y qué no. Es importante que, antes de que comience nuevamente el frenesí del debate constituyente, anticipemos posibles escenarios y preveamos qué es lo que podría fallar esta vez. Es, quizás, la única forma de anticiparnos a los obstáculos que podrían llevar a este proceso a terminar como el anterior.
El acuerdo diseña un proceso constituyente con tres órganos fundamentales: una Comisión de Expertos y un Comité Técnico de Admisibilidad –ambos con miembros designados por el Congreso–, y un Consejo Constitucional, compuesto por ciudadanos electos para ello. Los y las expertas redactarán un anteproyecto de Constitución, los consejeros redactarán su propuesta a partir de este y luego los expertos podrán proponer cambios al mismo. Toda propuesta de los expertos que no sea aceptada por 3/5 de los consejeros o rechazada por 2/3 de los mismos, tendrá que ser dirimida en una instancia mixta, compuesta por miembros de ambos órganos. El Comité Técnico, por su parte, podrá declarar inadmisible una norma si esta contraviene algunas de las 12 bases institucionales también definidas en el acuerdo, las que incluyen ámbitos como el carácter de República de Chile, el respeto al derecho a la vida, la existencia del Senado y la mención explícita a Carabineros de Chile.
Este modelo Co-Co-Co (Consejo, Comisión y Comité) replica en gran medida nuestro sistema legislativo actual: una Cámara de Origen, una Cámara Revisora y un Tribunal Constitucional que puede anular las decisiones de las mismas. Dado que tanto la Comisión Experta como el Comité Técnico serán designados por el Congreso, no es aventurado pensar que el texto resultante del proceso debiese satisfacer a una mayoría de los partidos con representación parlamentaria. Ello es una buena noticia, pues debiese evitar otro plebiscito de salida definido a partir del eje Oficialismo/Oposición, conjurando el peligro siempre presente de que se vuelva un referéndum sobre el gobierno y no sobre el texto propuesto.
Al mismo tiempo, es allí donde radican los riesgos de este proceso. Con un diseño donde el Congreso tiene enorme incidencia, el peligro es que su resultado termine siendo asociado a “la clase política”. Es probablemente ese el peor escenario imaginable, pues sería fácil que ciertos liderazgos lo aprovecharan para promover, conducir y usufructuar de un Rechazo eminentemente antipolítico, en pos de posicionarse con mayor fuerza ante un nuevo ciclo electoral que comienza con las municipales de 2024 y concluye con las presidenciales de 2025.
No dudo que los mecanismos definidos en este acuerdo probablemente permitan “hacer una buena Constitución”. Pero el verdadero desafío del proceso que ahora empieza no es ese. La gran tarea de quienes participen de este, será lograr que este texto sea considerado por la ciudadanía como propio. De lo contrario, será visto como creado por “los políticos de siempre” junto a élites que, aunque no hayan sido votadas por nadie, rondan también los pasillos del poder. Ese peligro ya no se tomó en serio en la firma del Acuerdo. Si tampoco se hace al momento de designar a las y los expertos, al momento de tomar decisiones en el Consejo o al dirimir el Comité Técnico si una norma es válida o no, entonces que no nos extrañemos si en un año más estamos donde mismo: aún regidos por una Constitución deslegitimada y con personajes, movimientos y partidos populistas y autoritarios cada vez más fuertes y amenazantes.
Por Rodrigo Mayorga, profesor, historiador y antropólogo educacional. Es director de "Momento Constituyente" y autor de “Relatos de un chileno en Nueva York”.