Juan José Lyon por corrupción en Las Condes: “La alcaldesa es responsable por no velar que fueran bien ejecutados los recursos públicos”
Juan José Lyon (Cedida)
El periodista de datos y cofundador de la Fundación América Transparente analiza la realidad chilena en materia de transparencia y probidad, explicando las rozones institucionales para los últimos casos de corrupción.
Una de las áreas que, según explica Lyon, se encuentra menos protegida en esta materia por la actual legislación son las municipalidades, razón por la cual casos como lo ocurrido con la ex Clínica Sierra Bella y la propiedad en Las Condes que fue adquirida para construir un Cesfam hayan desencadenado una serie de críticas a la actual normativa.
Lyon, cuya fundación a trabajado en alianza con el Centro de Investigación Periodística para revelar casos de falta de probidad en la Las Condes, reflexiona entorno a la crisis que hoy atraviesa una crisis desencadenada por escándalos que retratan corrupción, sobresueldos, indemnizaciones sin control, entre otros.
Juan José Lyon lleva años integrando su afán por la tecnología y las herramientas digitales al periodismo de datos. Trabajó en las plataformas Política Stereo y El Líbero, para luego de participar en la creación de El Polígrafo (espacio de fact checking de El Mercurio). Posteriormente, estuvo un par de años en el departamento de investigación de ese medio.
Fue a través de este trabajo que pudo escuchar en una charla del jefe de tecnología de La Nación Argentina, Ricardo Brom, donde habló de scrapeo, robots y buscadores. “Tras escuchar a Ricardo esa área del periodismo me llamó la atención”, comentó en 2021 a Diario Financiero.
Contactar a Brom fue el punto de partida de su vocación: “Aprendí a hacer buscadores internos, webscraping y armé una base de datos con información de donaciones del Servel, padrón electoral, actas de consejos comunales, y pensé: ‘Oye, esta herramienta sería súper buena para muchas personas’. Ese fue el cambio de mi carrera”, relató al medio.
Desde entonces ha desarrollado otros proyectos con apoyo de diversos colaboradores, siendo el principal su hermano Felipe. En junio de 2020, los hermanos crearon América Transparente, fundación que “cree que la transparencia en la sociedad civil y en el gobierno, y la posibilidad real de las personas de fiscalizar a las instituciones a su servicio, son claves para el desarrollo de democracias estables y mercados libres y competitivos”.
Según manifiestan en su propia página web, el acceso a la información pública “sigue siendo limitado por barreras tecnológicas, que impiden que una persona sin mayores conocimientos de informática pueda responder en forma simple la pregunta que desean hacer”. Y eso es justamente lo que ha estado haciendo la ONG.
“En Chile hay una muy buena Ley de Transparencia comparada con el contexto latinoamericano. Debe ser mejorada, sin duda, ya que está bastante obsoleta con lo que ha avanzado el país”, explicó Lyon a Súbela News.
“Existe una enorme cantidad de datos públicos a los que es difícil llegar si tú no sabes cómo”, argumentó el periodista de datos, “los primeros dos años de vida de la Fundación han estado enfocadas en eso: en crear repositorios de datos públicos”.
Probidad en crisis
La probidad en Chile parece ser terreno en disputa, con constantes intentos por aumentar la transparencia y el buen ejercicio de los cargos e instituciones públicas, pero con casos que, cada ciertos meses, derrumban su credibilidad. Los últimos en estallar, los Casos Fundaciones y Hermosilla, revelan una necesidad urgente de alzar los estándares en esta materia para evitar abusos de privados.
“La corrupción va mutando y va capturando los espacios donde hay opacidad, donde no hay transparencia”, comentó Lyon a Súbela News. “Por eso hemos visto grandes casos corrupción, en fundaciones públicas o fundaciones que reciben fondos públicos, en gobiernos regionales, fundaciones municipales, asociaciones municipales, entre otros, ya que son entidades que quedaron fuera la Ley de Transparencia”.
Juan José Lyon
“Ha costado que más (instituciones) se sumen, ha sido un proceso lento, que nosotros hemos llevado a cabo vía recursos de amparo, vía juicios”, explicó, “pero las corporaciones y asociaciones municipales no estaban sujetas la ley transparencia, más bien, depende de la buena voluntad de los alcaldes y una vez que lo hacen no cumplen con el estándar que propone la ley”.
“Hay municipios donde para poder acceder a un gasto, entras a un link, donde tienes un documento PDF, que dentro tiene una tabla, y dentro de esta tiene una dirección final. Es decir, pasa por cuatro pasos a veces para acceder a la información de una municipalidad”, ejemplifica el cofundador de América Transparente.
“Todo parece ser barrera o incompetencia para acceder a los datos”, reflexionó, pero también le “llama mucho la atención que en el sector oriente, las municipalidades más ricas de Chile, se encuentra con documentos mal escaneados, borrosos, etc. Es decir, tienen un presupuesto millonario y no son capaces de tener un sistema de transparencia con un estándar mínimo”.
De ahí que surja la importancia y necesidad de la Ley 20.285, también conocida como Ley de Transparencia, que “regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información”.
La ley establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado. Es lo que se conoce como transparencia pasiva o derechos de acceso.
La importancia de la normativa la define el periodista: “es la única forma de controlar casos de corrupción”. Según explica Lyon, “la gente al sentirse vigilada, al saber que los datos son públicos, siente un mayor riesgo al cometer actos delictuales o de corrupción”.
“Un buen contrapeso para la corrupción es mayor transparencia. Por eso los casos de corrupción que vemos tienen que ver con el mundo municipal, y son los que históricamente salen peor evaluados en términos de transparencia”, argumentó el comunicador.
“Es más fácil porque no hay transparencia y son los lugares predilectos donde la corrupción va mutando, a esconderse en terrenos fértil, es donde hay discrecionalidad en el gasto”.
“La transparencia permite contrarrestar lo anterior, le da la opción a la ciudadanía, a los periodistas y a la sociedad civil de ejercer ese control, y hoy en día, lamentablemente, los mecanismos de control, como en el caso municipios son los concejales, no tienen atribuciones suficiente están coartadas por el mismo partido, o son de confianza el alcalde, o no cuentan con la herramienta para hacer este tipo de revisiones”, explicó.
Municipalidad de Las Condes: El constante golpe del escándalo
Según la página de Presupuesto Abierto, la Municipalidad de Las Condes fue la segunda con mayor presupuesto durante 2023, con 7,33% del total, un aproximado a $66.924 mil millones. A pesar de ser una de las comunas con mejor calidad de vida, han sido bastante los escándalos que han salpicado a la administración de la militante UDI Daniela Peñaloza.
Alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza
Según Juan José Lyon, Las Condes “está viviendo una crisis de probidad”, con “casos de corrupción que hemos conocido casi todos los meses”.
Según un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) publicado en abril de 2023, el municipio compró una propiedad para construir un Cesfam a $852 millones a la administradora de capitales Vulcon Asset Management, que un mes antes, la había adquirido por $422 millones.
El hecho fue denunciado por los concejales, quienes lo dieron a conocer a Meganoticias. La concejala Catalina San Martín, expresó al medio: “Me parece irregular porque nos mintieron, nos engañaron, había una oferta y no nos dijeron, por no se nos presentó esa información”.
“En cuanto supe tomé acciones concretas inmediatas y si hubiera sabido antes de estos antecedentes que manejaban los concejales, habría actuado igual. De conjunto quizás con ellos, pero no tuve esa oportunidad”, dijo Daniela Peñaloza cuando explotó la noticia.
Posteriormente, otros hechos de falta de probidad, como la licitación por $60 millones que se le adjudicó al suegro del funcionario encargado del contrato; indemnizaciones sin control; un jefe de compras que se encuentra en el ojo del huracán porque utilizó empresas proveedoras del municipio para conseguir autos para él y su familia, depósitos de $108 millones en efectivo e inmueble comprado para su propiedad bajo el concepto de que eran para el Teatro Municipal.
Son cuatro las indagatorias que afectan hoy a la Municipalidad de Las Condes: presunto fraude al fisco en la compra de propiedades para la construcción de un Cesfam; el pago de $8 mil millones por concepto de horas extras durante 2023; una querella en contra del jefe de compras del municipio por delitos de corrupción; y, por último, se indagan sobresueldos en el Teatro Municipal de Las Condes.
Municipalidad de Las Condes
“Todos estos son problemas que le salpican a la actual administración, pero que vienen de antes”, explicó Lyon.
“Hablamos de esa envergadura de problemas, casos de corrupción que son miles de millones, porque la Municipalidad de Las Condes es el municipio más grande de Chile, por lejos”, argumenta.
“Maneja un presupuesto de $450 mil millones, que es más de tres veces Providencia, cuatro veces Vitacura, 10 veces Recoleta o La Pintana”, ejemplifica el periodista, “lamentablemente, la alcaldesa ha actuado tarde, sin la suficiente firmeza”.
Es más, según relata el cofundador de América Transparente, “cuando salió el caso Cesfam se trató de poner en duda el rol fiscalizador de los concejales que dieron a conocer el hecho, se habló de fallas administrativas, de poner mano dura”, sin embargo, según los reportajes que Ciper ha publicado en alianza con América Transparente, “muchos sumarios son sobreseídos o perdonados por la alcaldesa”.
De hecho, según un reportaje de Ciper y de América Transparente, el año 2022 la alcaldesa de Las Condes absolvió a su Director de Compras en sumario por conflicto de interés.
A pesar de la cantidad de escándalos que se acumulan bajo la supervisión de Daniela Peñaloza, Lyon es claro en un aspecto: “la corrupción, la opacidad y la resistencia a la transparencia es algo que hemos visto de manera más o menos transversal”.
Respecto al rol de Daniela Peñaloza, Juan José Lyon es claro en apuntar a la “responsabilidad administrativa y de mando” de la militante UDI. Es decir, “le cabe responsabilidad como alcaldesa por no velar para que se hayan ejecutado bien los recursos públicos, por no tomar las medidas necesarias para controlar cosas que ella sabía”.
“Fue funcionaria antes, ella sabía que había un abuso de horas extras, sabía que era imposible que todas esas horas se realizaran. La Contraloría hace años viene suscribiendo a la Municipalidad de Las Condes para que adquieran un control digital”, profundiza Lyon.
“Sin duda le cabe una responsabilidad por no parar o remediar estos casos”, apunta.
Transparencia en Chile: desafíos para el futuro
La Ley de Transparencia - Ley 20.285 -, regula el principio de transparencia en la función pública, que “consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como las de sus fundamentos y en facilitar el acceso a esa información a cualquier persona”.
A pesar de que la normativa se promulgó en agosto de 2008 y que la última modificación se realizó en 2020, actualmente se encuentra en proceso de actualización, y esta vez, en opinión de Juan José Lyon, “corrige varios puntos y suma las corporaciones, asociaciones y fundaciones que reciban fondos públicos a la Ley Transparencia”.
Además, “unifica el formato y hace obligatorio el modelo tipo que ofrece el Consejo para los datos”. En la práctica, esto “va a facilitar y abrir más la transparencia de instituciones a las que todavía no llega”, explicó Lyon.
Sin embargo, más urgente que la tramitación de la nueva normativa es que el Consejo para la Transparencia vuelva a sesionar. “Todo el mecanismo y ecosistema de la transparencia en Chile está detenido”, cuenta el periodista, “por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos de mover la barrera de transparencia en distintas entidades públicas no se puede hacer si el Consejo no puede sesionar”.
El consejo directivo de la instancia no ha podido funcionar debido a falta de quórum tras la salida de Francisco Leturia y Gloria de la Fuente, ya que se necesitan al menos tres integrantes para funcionar, y en la actualidad hay sólo dos.
Corresponde al Presidente de la República realizar la nominación, y debe contar con el respaldo de los 2/3 de los senadores en ejercicio. “Esto no va a ser rápido y ya llevamos casi un mes desde que el Consejo está parado, y es gravísimo”, argumenta Juan José Lyon.