La Minuta AM: Pese a quejas de la CPC y Sofofa: TC descarta inconstitucionalidad en proyecto de delitos económicos y medioambientales

Lo que pasó. El pleno de ministros del Tribunal Constitucional determinó ayer martes, tras la revisión y análisis del proyecto de ley sistematiza y penaliza los sobre delitos económicos y medioambientales, determinando que no hay normas inconstitucionales.

De esta forma, la iniciativa no podrá ser modificada y quedó lista para su promulgación por el Presidente de la República.

Decisión. La unanimidad de los ministros del pleno del TC declararon constitucional el proyecto de ley que combate los delitos económicos, y que ha provocado la molestia de los grupos y gremios empresariales.

El Tribunal Constitucional no consideró los reclamos de la Confederación de la Producción y el Comercio al no ser “una parte legítima del proceso”, aunque sí sus argumentos se agregaron al expediente. Lo mismo ocurrió con los “téngase presente” entregados por parlamentarios oficialistas y de oposición.

Críticas. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se sumó a las críticas de la CPC al proyecto de ley que fue durante años tramitado en el Congreso Nacional.

“Podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión, atendidos los siguientes problemas (...) la falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito”, dice una carta del ente liderado por Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

El martes 11 de julio, la CPC presentó un documento de 34 páginas firmado por los abogados UDI Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik. "El eje general del proyecto (presentado por el Gobierno de Gabriel Boric) es que se crea un sistema penal diferente, selectivo, que afecta a cierto grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones", dijo la exconvencional constituyente a Radio Concierto.

"No solamente afecta a gerentes, directores o administradores. Sino que también a personas indeterminadas, porque solo señala 'personas en posiciones jerárquicas' y no define lo que es eso", dice.

De qué se trata el proyecto. La iniciativa de ley otorga mayores multas y penas, incluida la cárcel. De esta forma, se terminan las clases de ética para empresarios, como fue el caso de los controladores de Penta en el año 2018, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto “Choclo” Délano.

Asimismo, la ley contra los “delitos de cuello y corbata” brinda protección penal al medio ambiente y genera mayores obligaciones a cargos directivos y gerenciales de las empresas. Además, modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas e instaura un sistema especial de penas, inhabilidades especiales y multas para la criminalidad económica.

Ejecutivo durante la tramitación del proyecto

La ley establece cuatro categorías de delitos económicos: los que atentan contra el Mercado de Valores, los cometidos en el ejercicio de un cargo o función dentro de una empresa o en beneficio de la misma, los realizados por funcionarios públicos y el lavado de activos cuando tenga como base algún delito considerado económico.

En relación a los delitos contra el medio ambiente, se podrá responsabilizar a una persona jurídica.

Lo que viene. El TC tiene un plazo máximo de 30 días para sistematizar la decisión al proyecto, fecha que puede extenderse otros 15 días. Sin embargo, medios de prensa adelantan que esto podría adelantarse a la próxima semana, comunicándose al Congreso Nacional, Contraloría General de la República y otras instituciones.