La Minuta PM: Contraloría ordena congelar contratos entre fundaciones e instituciones estatales
Lo que sucedió. La Contraloría General de la República (CGR) decidió instruir a todas las contralorías regionales congelar cualquier toma de razón de contratos y convenios entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales. La decisión se adoptó tras el conocimiento público del denominado caso “Democracia Viva”.
La medida está destinada para los casos en que la tramitación pasa por la CGR. Según explicó el contralor Jorge Bermúdez, “aquello que no se tramita por la Contraloría no podemos ordenar esa suspensión”.
La autoridad especificó que no podía referirse al tiempo estimado del congelamiento de contratos, ya que “no sabemos con qué nos vamos a encontrar, estamos analizando los antecedentes, esa es la situación”.
Dentro de las determinaciones tomadas por la Contraloría se encuentra realizar auditorías de los contratos entre fundaciones y cualquier institución del Estado. Específicamente, en convenios que superen las 5 mil UF, que por ley es lo que se establece como índice para la toma de razón.
La decisión fue informada, a través de correo electrónico por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic.
Explicación de la medida. El Contralor Bermúdez hizo referencia al cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos. “Mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios”, comentó.
“El Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas, por lo tanto, esto no es una cosa que tenga que ver con algo puntual de este caso. Es una situación bastante más amplia”, agregó.
En esa línea, mencionó que “nosotros no podemos controlar todas las transferencias sencillamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo (…) cuando pasa algo por la Contraloría, para la toma de razón, lo que se hace es contrastar un acto administrativo -en este caso un convenio- con el ordenamiento jurídico”.
Caso Democracia Viva. La instrucción se da luego de que se conociera la serie de convenios entre el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ambos dirigidos en ese momento por militantes de Revolución Democrática y cercanos a la diputada Catalina Pérez, y que se calcula suman $426 millones.
La investigación, a cargo de la Fiscalía de Antofagasta y que tiene a la bancada de la UDI como querellantes, se inició hace una semana, con el objetivo de determinar si los acuerdos entre la Secretaría Regional Ministerial y la fundación son o no constitutivos de delito, entre los cuales se encuentran presuntos tráficos de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al fisco.