Columna de Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez: Royalty Minero: Un avance en justicia social y equidad territorial

Por Alejandra Sepúlveda Orbenes, Senadora por la Región de O’Higgins, y Esteban Velásquez Núñez, Senador por la Región de Antofagasta

Nos dijeron que era imposible hacer un Royalty Minero, más aún desde una moción parlamentaria, y hoy día tenemos ley de la República. Como autores de este proyecto, nos conmueve su aprobación, la que estuvimos impulsando desde 2018 cuando presentamos la moción.

Siendo senadores de los dos distritos mineros más importantes de Chile, donde se encuentran los yacimientos de cobre más relevantes, hemos sido testigos de cómo estas zonas donde se extrae el cobre son zonas de rezagos, zonas donde existe un sufrimiento de las personas y que ahora, gracias a este proyecto, se van a incorporar recursos directamente para tratar de disminuir esas complicaciones territoriales que tenemos.

Para quienes no están tan familiarizados con el proyecto, el royalty minero es una compensación por la explotación de un recurso que, por lo general, es no renovable, cuya propiedad es del Estado – en este caso el cobre-, lo que quiere decir que este no es un impuesto propiamente tal, sino más bien es una especie de retribución que recibe el Estado por la pérdida de oportunidad (concesión a un privado) en la explotación de un recurso natural que le pertenece a todas y todos los chilenos y por todas las externalidades negativas que representa.

Nuestro cobre ha sido y seguirá siendo, vital y estratégico para nuestro país. Para Chile el cobre representa su principal ingreso, y es por eso que ha sido llamado el sueldo de Chile, la viga maestra de la economía nacional. Su aporte al PIB nacional alcanza el 14% y su aporte al fisco el 2022 fue de más de 4.500 millones de dólares, lo que permitió financiar parte importante de nuestro presupuesto nacional en salud, educación, pensiones, viviendas sociales y otras políticas públicas.

Creemos que es posible el desarrollo de una minería eficiente, rentable y verde y que siga aportando al desarrollo de nuestro país y, especialmente, al desarrollo de sus regiones mineras. Legislamos pensando en todo Chile y hoy más de 300 comunas y más de 10 millones de personas se verán beneficiadas. En el caso de nuestras regiones, Antofagasta con más de $23.000 millones y O’Higgins con más de $26.000 millones que van en directo beneficio de todos y todas sus habitantes.

Con este proyecto que se convertirá en ley, vemos que sí es posible que un recurso que se ve allá, en la montaña, en la roca, en el frío, como el cobre, efectivamente cambia mundos, transforma calidades de vida y de bienestar, y cómo las comunas desde las más pequeñas hasta las más populosas y urbanas, se van a ver impactadas positivamente por este Royalty Minero.

Este es un paso muy importante en el desarrollo económico del país, porque avanza en equidad territorial y justicia social, por cuanto permite revalorizar la explotación de recursos naturales no renovables, mitigar las externalidades negativas que genera en los habitantes de territorios mineros y contribuir al bienestar y futuro de nuestra gente.

Estos recursos, provenientes de nuestro cobre, entregan la posibilidad de que las brechas de desigualdad entre los territorios se vayan aminorando, para que mañana tengamos el Chile más justo, que hace tiempo estamos intentando conseguir.