La Minuta PM: Caso Sierra Bella: PDI allana domicilios de tasadores contratados por Municipalidad de Santiago

Lo que pasó. En la primera medida intrusiva solicitada a un tribunal, durante la mañana de este viernes funcionarios de la PDI allanaron el domicilio de María José Sepúlveda, Elsa Cárcamo Valencia y Patricio Gajardo Rojas, quienes fueron contratados por el municipio liderado por Irací Hassler (PC) como tasadores en la polémica compra de la ex Clínica Sierra Bella.

Cerca de las 6:30 AM, según constató La Tercera, policías ingresaron a las viviendas de los arquitectos con el objetivo de incautar de manera forzosa todos los dispositivos tecnológicos que hubieran en las casas de los profesionales. Esto luego de que, en un informe entregado por la Contraloría General de la República, se señaló que la Municipalidad de Santiago no justificara los $8,2 mil millones destinados a la compra de la ex clínica, como lo informó Súbela.

A pesar de que la compra del terreno - que estaba destinado a ser la “primera clínica comunal” del país - se vio interrumpida por decisión del municipio, se iniciaron acciones investigativas por presunto fraude al Fisco, encabezadas por el fiscal Patricio Cooper.

Divididos en tres grupos, la brigada especializada interrumpió simultáneamente en los domicilios de San Bernardo, Providencia y San Joaquín, encontrando a las dos profesionales en sus hogares durante la madrugada. El único que no se encontraba en su inmueble fue Patricio Gajardo, con quienes los oficiales se comunicaron telefónicamente.

Objetivo. Con el propósito de establecer alguna relación entre los tasadores y el municipio, se incautaron los teléfonos móviles, computadores, ipad, y demás. Se solicitó a la alcaldesa Hassler la entrega de su celular institucional, a lo cual se negó alegando que no poseía uno. Pese a esto, y a través de una solicitud de transparencia, se constató que tenía asignado uno con recursos fiscales.

Fuentes policiales comentaron que se insistirá en la entrega del teléfono móvil de la jefa comunal, exigiendo una explicación a la contradicción en las respuestas de la militante del Partido Comunista.

La compra. Los tres tasadores llegaron a valores sobre los $8 mil millones como presunto precio del inmueble, valor que contrasta con el que el dueño de la Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, ofertó en un portal por un precio de mercado de $2.194 millones.

Según puntualizó Contraloría, "se pudo establecer que las tasaciones comerciales que sirvieron como la base del municipio para determinar el justo precio superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal". Además, se demostró también inconsistencias en las tasaciones encargadas por la Municipalidad, entre las cuales se encuentran falencias en el lote tasado, falta de información y justificación de valores, entre otros.

Por su parte, el gobierno comunal justificó la intención de compra en reemplazar el Cesfam Padre Orellana.