Los negocios empañan el fútbol: qué sucede en Azul Azul tras la toma de control de Michael Clark
El club Universidad de Chile está en el centro de la polémica nuevamente por conflictos al interior del directorio de Azul Azul, la sociedad anónima administradora del equipo. La toma de control por parte de Michael Clark, y que está actualmente bajo la lupa del Ministerio Público y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha provocado especulaciones en torno a la estabilidad financiera y deportiva de uno de los equipos más importantes de Chile.
Y aunque estos conflictos están lejos de la cancha, la participación del club en el mercado de capitales, permitido luego de la promulgación en 2005 de la Ley N° 20.019 - destinada a regular las sociedades anónimas deportivas profesionales -, facilita que intereses bursátiles empañen el desarrollo de la actividad deportiva.
La normativa prometía la profesionalización del fútbol en Chile, equilibrar sus finanzas y fomentar la inversión. Sin embargo, aquellas fueron promesas incumplidas según especialistas en el tema.
Entre las consecuencias del modelo insertado hace dos décadas está justamente la presentación de conflictos como los que hoy se vive en Azul Azul con la toma de control de Clark, similares en forma a otros escándalos financieros como SQM, Cascadas y otros.
Según Alejandro Torres, profesor Facultad de Economía Universidad de Valparaíso y coautor “El salvataje del fútbol profesional chileno”, al existir conflictos como los que actualmente vive el directorio de Azul Azul inevitablemente permea en el recurso humano de un club, es decir, los jugadores.
“En los peores momentos de la U, cuando estuvo a punto de bajar durante 2 años y en una oportunidad estuvo a 10 minutos de ir a Primera B, también fue por la problemática interna de quién compraba el club, quién tenía el control. Azul Azul se calló, empezó a trabajar y vinieron los resultados”, aseguró a Súbela News.
Y es que si bien el equipo ha alcanzado algunos trofeos nacionales en los últimos años, su galardón más importante sigue siendo la Copa Sudamericana conquistada en 2011, lo que eleva las preguntas de los hinchas y especialistas sobre qué tan favorable ha sido el modelo de sociedades anónimas para la mítica “U”.
Pareciera ser, entonces, que el club tiene dos caras: por un lado, la deportiva, protagonizada por los jugadores y la leal hinchada, y, por otro, la incidencia de la sociedad anónima que lo administra en las operaciones del Mercado.
La duda es, ¿qué está sucediendo actualmente en Azul Azul? ¿Cuál es la respuesta del club a las dudas que despierta en el público los negocios que hace la concesionaria?
La “irregular” operación de Michael Clark para tener el control de Azul Azul
Actualmente, los dos principales accionistas de la sociedad anónima Azul Azul, concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, se encuentran en medio de una batalla legal: Daniel Schapira y su hijo Eduardo – quienes tienen un 21,44% de participación societaria – se querellaron contra el actual presidente del directorio, Michael Clark Varela, por el delito de “fraude en la omisión de Oferta Pública de Acciones”.
A finales de 2024, el mayor accionista de Azul Azul era el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport (FIP Tactical Sport), propiedad del grupo empresarial Sartor Finance Group y administrado por la sociedad Sartor Administradora de Fondo e Inversión Privado S.A. (Sartor AFIP) con un 63,07% de las acciones.
Hasta hace un par de semanas, los aportantes de Tactical Sport eran Asesorías e Inversiones Sartor S.A. (Sartor S.A.), con un 90% de las cuotas de inversión, e Inversiones Antumalal, de la cual Clark controla el 90% y su esposa, Andrea Toro, el restante 10%.
Luego de que la CMF realizara una auditoría a una de las sociedades del Grupo Sartor, Sartor Administradora General de Fondos S.A., y determinara su liquidación, BCI Corredor de Bolsa S.A. informó a Sartor S.A. que no renovaría sus operaciones y establecieron que para el 4 de diciembre de 2024 debería pagarle cerca de $5.700 millones.
La respuesta fue intentar establecer un contrato de prenda – un acuerdo entre un deudor y acreedor en el que el primero entrega un bien mueble en garantía de una deuda – y que recaería justamente sobre las cuotas del FIP Tactical Sport, es decir, sobre las cuotas de acciones de Azul Azul. Sin embargo, la sociedad no firmó el contrato, y BCI Corredora solicitó la liquidación forzosa de Sartor S.A.
Ante el escándalo financiero, Azul Azul publicó en su página web el 20 de diciembre de 2024 que “’Sartor Administradora General de Fondos’ NO tienen ninguna relación con la propiedad de Azul Azul S.A.” y que “las cuotas del FIP Tactical Sport pertenecen íntegramente a Inversiones Antumalal S.A., sociedad perteneciente a Michael Clark”.
De esta forma, se hace público el cambio de controlador dentro de la concesionaria. No obstante, la Ley 18.045 de Mercado de Valores establece la obligación de informar al público de la toma de control de una sociedad y la obligación de someterse a un procedimiento de Oferta de Adquisición de Acciones (OPA) - operación por la que una o varias personas físicas o sociedades ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada la compra de sus acciones, o de otros valores que permitan adquirirlas, a cambio de un precio -, por lo que el ente fiscalizador del mercado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), inició una serie de intercambios con Clark para conocer detalles de la misteriosa operación.
Clark respondió a la CMF detallando que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Ltda adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de USD 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo”.
¿Por qué la compra sucedió el 13 de diciembre? Según exponen los abogados de los Schapira, “la carta mediante la cual BCI Corredora de Bolsa S.A. le comunicada a Sartor S.A. que había presentado una demanda de liquidación forzosa tiene como fecha el 12 de diciembre de 2024”.
Además, Antumalal habría pagado a Sartor S.A. - de la que Clark era “director independiente” - US$5,7 millones por las cuotas de Tactical Sport, lo que equivale a $219,3 por acción de la serie B de Azul Azul, cuando en la bolsa en ese momento se transaba a $550 por acción.
Clark respondió a las consultas de la CMF que en la operación no se aplicarían las normas de OPA debido a que: 1. el FIP Tactical Sport no sería controlador de Azul Azul S.A., sino que sería la administradora del fondo, y, por lo tanto, 2. no habría acontecido un cambio de control de una sociedad anónima abierta.
Pese a los argumentos expuestos por el director de Azul Azul, la CMF respondió que, puesto que FIP Tactical Sport es propietario del 63,07% de las acciones serie B de la concesionaria, “la adquisición de cuotas del fondo de inversión privado permite la adquisición indirecta de tales acciones de la sociedad”.
Según el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores, deberán someterse a una OPA las adquisiciones de acciones, directas o indirectas, mediantes las cuales se permita la toma de control de una sociedad.
Ante esto, la CMF concluyó que Clark incumplió la ley al adquirir indirectamente acciones de Azul Azul sin informar al público general de la operación y sin haber efectuado una OPA.
Las jugadas de Clark contra la CMF
Luego de la insistencia de la CMF, el 8 de enero de 2025 Michael Clark anunció el lanzamiento de una OPA “Voluntaria” a través de la cual pretende adquirir la totalidad de las acciones serie B de Azul Azul, posteriormente notificando que se realizaría el primer cuatrimestre de 2025 y que el precio que se ofertará “no será inferior a $387,97 por acción”.
Pero Clark no sólo ofertará por las cuotas que recientemente adquirió de Tactical Sport, sino que su OPA estará “dirigida a todos los accionistas de la serie B de Azul Azul S.A., para comprar el 100% de las acciones Serie B de la referida sociedad”.
Es decir, la intención del presidente de Azul Azul es adquirir el 21,4% de la familia Schapira, el 6,5% de la Familia Solari Danoggio, el 9% de los accionistas minoritarios y el 63% de Tactical Sports, esto con el objetivo de sacar del mapa al fondo de inversión privado administrado por el Grupo Sartor y reemplazarlo por la Sociedad MC.
Según informó Biobío Investiga, luego de que el ente fiscalizador pidiera los detalles de la transacción le requirió también informar “las medidas pertinentes que adoptará para subsanar las infracciones detectadas y comunicadas mediante acto administrativo”, ante lo cual Clark solicitó que le señalaran “de forma explícita y concreta cuáles serían a juicio de la autoridad ‘las medidas pertinentes’”.
La CMF fue categórica con su respuesta: el mandamás del club debía tomar medidas para subsanar los incumplimientos, pero el rol del organismo es supervisar y determinar infracciones, no “instruir una determinada forma de proceder al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°18.045 y las normas que regulan la oferta pública de adquisición de acciones”.
El ente fue claro en advertir que se enfocará en supervisar los movimientos pendientes de la sociedad, sin que aquello significa un “perjuicio del ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias de ser el caso”.
A aquello se suma la querella presentada por la familia Schapira en su contra, la que propone que los últimos comunicados de Clark en el que anunció las condiciones de la OPA “Voluntaria” “no hace sino confirmar el ánimo defraudatorio que primó en la operación de 13 de diciembre de 2024”.
Además, presentan a Fiscalía la duda respecto a por qué Sartor S.A., en medio de su liquidación, había aceptado vender su control del paquete accionario de Azul Azul a un precio 40% inferior al que, días después, Clark anunciaría su intención de pagar.
A pesar de haber anunciado esta OPA “Voluntaria”, el presidente de Azul Azul defiende continuamente que “he obrado con la genuina convicción, actuando de buena fe y contando con la asesoría y opinión de mis abogados, de que la compra (…) del 13 de diciembre de 2024 no significó un cambio de control de la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A.”.
Clark agregó que la realización de la OPA “Voluntaria” responde a las exigencias presentadas por la CMF y que aquello no implica “un cambio respecto a la posición que sostenemos, ni una renuncia a mis derechos y recursos pendientes o un reconocimiento de hechos o de responsabilidad”.
Frente a la polémica, Clark solicitó un informe en derecho realizado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el cual sostienen que “no ha existido en este caso, en modo alguno, infracción de los preceptos indicados en la comunicación de la Comisión para el Mercado Financiero, ni por Azul Azul ni por ningún otro interviniente en la operación”.
El rector de la UDP asegura que “un fondo privado de inversión es un patrimonio afecto a un fin separado de su administración, similar en su estructura a un express trust del derecho anglosajón”, por lo que es “un error afirmar que las acciones de Azul Azul pertenecen a Tactical Sport, desde que esta entidad es un patrimonio y no una persona, o que Antumalal S.A. al adquirir las cuotas del fondo adquirió un control normativo sobre el mismo”.
De esta forma, Peña concluyó que la exigencia de OPA de la CMF descansa en “un mal entendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado” y que su reproche “carece de justificación en el derecho chileno”.
Además, Clark presente ante la Corte de Apelaciones un Reclamo de Ilegalidad en contra de la resolución de la CMF en la que se le instruyó a Clark “adoptar todas las medidas pertinentes para subsanar las infracciones expuestas” respecto de las irregularidades en la compra de Antumalal a la cuota del FIP Tactical Sport.
El abogado de Clark, Julio Pallavicini, solicita al tribunal que “declare que un fondo de inversión privado no tiene la obligación de realizar una OPA” y que “se le ordene a la CMF que haga uso de sus potestades legales e indique la forma y plazos en que mi representado debe dar cumplimiento a lo ordenado por esa misma entidad en relación con la oferta pública de acciones de Azul Azul S.A.”.
Según sostiene el reclamo, la intervención del organismo fiscalizador “adolece de graves vicios de ilegalidad” ya que la CMF “se ha extralimitado en sus funciones, y ha buscado ejercer una verdadera facultad legislativa a través de un acto administrativo, para subsanar lo que en el mejor de los casos –para la CMF– es un vacío legal, y en el escenario realista, derechamente un error de derecho de la CMF”.
La defensa del presidente de Azul Azul continúa asegurando que “la Ley Única de Fondos es categórica al señalar que no es necesario realizar una oferta pública sobre cuotas de fondos” y que, por lo tanto, la interpretación de la CMF “extrapola e hipertrofia a niveles inaceptables el concepto de control”.
Y es que, según sostiene la defensa de Clark, éste no tomó control de la concesionaria ya que “conforme a la Ley Única de Fondos y la normativa propia de ésta, la Administradora es quién de manera autónoma, toma dicha decisión”.
Fuentes ligadas a Azul Azul comentaron a Súbela News que “la demanda que está haciendo en la Corte de Apelaciones se va a empezar a tramitar recién en un año y medio más. Entonces, aunque Clark no quiera hacer la OPA, la va a tener que hacer igual porque los tiempos no dan”.
De esta forma, según aseguran, “no es que la demanda ante la Corte de Apelaciones sea para anular la OPA, sino que tiene que seguir con ella y con la demanda para demostrar que lo que hizo es correcto”.
Respecto al valor por el que Antumalal compró las cuotas de Tactical Sport, aseveran que en esta operación se “adquirió cuotas de un fondo que, así como tienen acciones, también tienen deudas. Por eso es que no se puede traspasar todo a valor acción” y que el cambio de precio que anunció Clark para la OPA “Voluntaria” se debe al intento de acatar lo dictaminado por la CMF.
Independiente de las diferentes interpretaciones de la ley que tienen hoy los acciones de la concesionaria del club, la gran duda que queda, y que tiene que resolver el Ministerio Público, es si hubo realmente un cambio de control al interior de Azul Azul. La defensa de Clark defiende que no, ya que, incluso con la compra de cuotas del fondo, quien toma las decisiones es la administradora del mismo.
Especialistas financieros explicaron a este medio que, en la práctica, se podrá evidenciar quien ostenta el control en Azul Azul cuando se tomen decisiones y se nombren miembros del directorio.
¿Cuál es el papel de la Universidad de Chile en medio de esta polémica? La casa de estudios tiene un contrato de concesión con Azul Azul a través del cual entrega sus símbolos a cambio de un tipo de acciones diferentes y dos asientos en el directorio. Según explica el especialista financiero Alejandro Torres, frente a la crisis financiera que rodea a las universidades, especialmente las estatales, los cerca de $200 millones anuales que entrega la sociedad anónima son un fuerte incentivo para continuar con el trato.
“Si no caduca la concesión, la Universidad de Chile no tiene nada que hacer y además que tiene solo dos sillones en el directorio”, aseguró Torres, “es bastante simbólico, las decisiones las siguen tomando los controladores y la Casa de Estudios solamente una representación simbólica”.
No obstante, en lo que muchos han criticado como una manifestación de una respuesta tibia, la rectora de la universidad, Rosa Devés, se mostró inquieta frente a las operaciones bursátiles que hoy tienen a Azul Azul bajo la lupa del Ministerio Público y de la CMF: “por supuesto que hay preocupación, estamos en contacto directo con los directores del club”, aseguró a principios de enero.
“Analizando bien la situación vamos a tomar las medidas y determinaciones en un tiempo próximo. Esto hay que hacerlo con mucha seriedad y tranquilidad, pero a su vez, con mucha firmeza y claridad sobre nuestros valores, y también por respeto al club y a su historia” sentenció Devés.