Las querellas a las que se enfrentaba Sebastián Piñera antes de morir
Fallecido hace poco más de una semana, la figura de Sebastián Piñera sigue estando en el debate político público. El Gobierno de Gabriel Boric tuvo el honor de dirigir los funerales de Estado que se le entregaron a Piñera, en su calidad de exmandatario de la nación.
Durante su discurso en la ceremonia, el Presidente Boric reconoció que "él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío, defendió ideas diferente a las de nuestro sector y tuvo una interpretación del Estallido Social del 2019 que fue diferente a la mía, y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre los mecanismos de la democracia y la Constitución".
Añadió también que, cuando él era oposición, “las querellas y las recriminaciones, fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.
Las polémicas oraciones del Jefe de Estado han causado remezones en la política nacional; figuras del oficialismo, como la diputada comunista Carmen Hertz, lo han denominado “negacionista”; mientras la derecha se une en agradecimiento al Presidente por los honores rendidos a su líder y le pide que retire las querellas pendientes del Estallido Social del exmandatario y de algunas figuras de su administración.
Entre la discusión entorno al supuesto negacionismo del Presidente Boric, pareciera difuminarse los otros aspectos del hombre que hace unos días fue despedido por todo Chile; y es que Sebastián Piñera no solo recibió querellas por las violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, sino que también tenía una acción judicial en su contra por “manejo criminal” de la pandemia del Coronavirus.
Además, en 2021 la senadora Paulina Vodanovic interpuso una querella contra el expresidente por tráfico de influencias y cohecho, esto en contexto del Caso Dominga. La investigación buscaba esclarecer posibles delitos de corrupción con respecto a la venta del proyecto minero Dominga, que relacionaban a Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano en dicho negocio.
Sin duda la figura del exmandatario sigue siendo objeto de opiniones divididas, sin embargo, no hay que olvidar su paso reiterado por tribunales, y si bien en el presente artículo solo enumeramos los que tienen causas relacionadas a su segundo mandato, no hay que olvidar que la figura de la derecha chilena tenía más esqueletos en su armario.
Las querellas de Sebastián Piñera
El segundo gobierno de Sebastián Piñera, especialmente luego de octubre del 2019, estuvo marcado por diferentes momentos que pusieron en tensión la estructura dentro La Moneda. El Presidente en ese momento, algunos de sus ministros y figuras importantes del orden nacional fueron consideradas en diferentes querellas legales.
Algunas de ellas se relacionaron directamente con el Estallido Social, otras con manejo de la pandemia del Covid-19 y las más recientes con la construcción del Proyecto Dominga.
Ordenadas de manera cronológica, estas son algunas de ellas:
El 14 de diciembre del 2019, el exsenador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, ingresó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto del Estallido Social de octubre del mismo año. En esta misma acusación se incluye a Sebastían Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y a quien fue en ese momento el director de Carabineros, Mario Rozas.
Después de un mes, el 14 de enero del 2020, integrantes del Frente Amplio dirigidos por Beatriz Sánchez, presentaron una querella por delitos de lesa humanidad contra Sebastián Piñera. Del grupo participaba la actual ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Además de incluir al exmandatario, la querella contempla a los exministros Chadwick y Blumel, también a la máxima autoridad de Carabineros de ese momento, el general Rozas y al exteniente Felipe Guevara.
El último día de ese mismo año, el exconvencional y abogado, Manuel Woldarsky, presentó una querella por torturas hacia Piñera. Esta se relaciona con el caso de un manifestante y además de estar destinada al expresidente, incluye al exministro del Interior Rodrigo Delgado, al exsubsecretario del Interior, Francisco Galli, al exintendente Felipe Guevara y Mario Rozas, exoficial de Carabineros.
Según explicó el querellante, Manuel Woldarsky, estas iniciativas nacen para “defender a víctimas de agentes del Estado que en ejercicio de sus funciones causaron hechos que revisten características de delito. Considerando las funciones que desarrollaban estas personas, estos se vuelven un delito que tiene una gravedad a nivel internacional y que son los de lesa humanidad”.
El exconvencional agregó que fue “testigo de muchos de esos hechos” y que por “la cantidad y gravedad de las lesiones, postulo que una característica especial de un delito contra los Derechos Humanos”.
A raíz de la pandemia de Coronavirus, el 6 de julio del 2021, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) ingresó una querella por un “manejo criminal” sobre la pandemia. Los involucrados en dicha acción son Sebastián Piñera, Paula Daza, Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales, Alberto Dougnac. Se les acusa una supuesta involucración como autores de cuasidelito de homicidio, así como también el delito de denegación de auxilio y abandono de destino.
Finalmente, el 12 de octubre del 2021, en marco del caso Dominga, en el que se buscaba construir un gran proyecto minero portuario en la zona del Archipiélago de Humboldt, lugar en el que vive una gran cantidad de fauna nativa, la senadora Paulina Vodanovic, decidió presentar una querella contra el exmandatario por tráfico de influencias y cohecho.
La investigación buscaba esclarecer posibles delitos de corrupción con respecto a la venta del proyecto minero Dominga, que relacionaban a Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano en dicho negocio, y que, además, contó con una serie de irregularidades en su proceso de aprobación.
En palabras del exconvencional Manuel Woldarsky: “El estado y la cadena de mando son responsables y deben ser llevados ante la justicia. Deben ser sometidos a un juicio en el que se determine su responsabilidad o que al menos se ponga a prueba. Ese es el punto de partida para creer que en Chile existe justicia como un valor fundamental de la construcción de la sociedad”
Sobre la idea de retirar las querellas, Manuel Woldarsky explicó que tiene “una visión bastante crítica, creo que eso es permitirse juzgar el dolor ajeno. Me parece muy importante que nos debemos respeto mutuo y eso también incluye el respeto al dolor que nos causa la conducta del Estado en una época en la que no supo controlar lo que estaba pasando”.
“Más allá de lo justo y razonable”
Ante las palabras pronunciadas por el actual mandatario en el funeral del expresidente Piñera, la oposición se quebró momentáneamente, según ellos. La principal molestia vino desde el Partido Comunista, desde donde las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro argumentaron que las palabras del Jefe de Estado eran negacionistas.
Pizarro aseguró que “lo que sí fue bastante ‘más allá de lo justo y razonable’ fueron los asesinatos, las mutilaciones durante el mandato de Sebastián Piñera”.
“Este discurso está cargado de negacionismo: ofende y revictimiza a todos a quienes les fueron violados sus derechos humanos” dijo Lorena Pizarro vía redes sociales, para terminar afirmando que lo dicho por el Presidente Boric es “incomprensible”.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz ha sido más enfática en el tema: en primera instancia, comentó vía X: "Lo que fue mucho más allá de lo 'justo y razonable' fue haber sido el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular, de los más de 400 traumas oculares entre ellos Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, de las lesiones que incapacitaron a muchos, como Mario Acuña".
Y agregó que "pretender que el expresidente Piñera utilizó 'siempre los mecanismos institucionales y democráticos', es una forma de negacionismo. Como sociedad, no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas".
Posteriormente, la jurista conversó con CNN, a quienes declaró que “siempre, durante décadas, desde los ’90 hasta ahora, el sistema político ha enviado señales de una u otra categoría que tienen que ver con la impunidad“.
“Entonces es razonable y no es sobrerreaccionado, como se ha señalado, nuestra actitud y nuestra opinión crítica. No es sobrerreacción, es una reacción muy adecuada”, agregó.
Las polémicas palabras del actual mandatario y el caos que se generó alrededor de estas, especialmente desde el Partido Comunista, obligó a representantes del Palacio de La Moneda a intervenir.
La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, comunista, descartó este lunes que Boric haya desconocido y negado lo ocurrido en materia de violaciones a los derechos humanos.
“El presidente Gabriel Boric jamás ha negado ni desconocido lo que los informes señalaron respecto a las violaciones de Derechos Humanos que sucedieron en el marco del Estallido”, comentó la ministra Secretaria General de Gobierno.
La secretaria de Estado enfatizó que el mandatario “ha estado haciendo un llamado a que, en momentos de tanta conmoción nacional, donde necesitamos templanza, trabajo y unidad para enfrentar las emergencias y también las urgencias ciudadanas que no podemos desconocer, y no nos olvidamos de ellas, lo que requerimos es el clima de unidad, de acuerdos y entendimientos”.
Por otro lado, desde la derecha le piden al Presidente que sea fiel a aquellas palabras que ahora tanto pesan, y requieren que el mandatario retire las querellas de casos del Estallido Social presentados contra el exmandatario, Sebastián Piñera, y algunos ministros de su administración.
En representación de la directiva de la UDI, la secretaría general del partido, María José Hoffmann valoró positivamente los dichos del Presidente Boric y estimó que el siguiente paso debería ser “hacer carne sus palabras, por ejemplo, a través del retiro de las querellas criminales contra el expresidente Piñera”.
La militante UDI apuntó específicamente a una acción que habría sido presentada por “una persona tan cercana al Presidente Boric como es la ministra Javiera Toro, de Desarrollo Social, quien también es parte de estas causas, y nos parecería que sería un buen gesto de dignidad y lo mínimo que corresponde de la actitud y la altura que ha tenido el presidente Piñera de haber ofrecido siempre su colaboración”.
Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, enfatizó en el “tono respetuoso” con el que se está haciendo la petición al Presidente y precisó que, de todas maneras, desde el partido son “pragmáticos”.
“Sabemos que esto es difícil, porque obviamente está el chantaje del Partido Comunista y de la izquierda radical, que si el Presidente llegara a una cosa de esta naturaleza, obviamente tendríamos a una izquierda, a un partido Comunista, en rebeldía”, pronosticó.
A pesar de las solicitudes de la UDI, abogados especialistas explican que “el Presidente no tiene ninguna facultad” para retirar las querellas.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, argumentó en una entrevista con Radio Universidad de Chile que las querellas referidas a violaciones a los derechos humanos durante el Estallido fueron principalmente “interpuestas por organismos pertenecientes a la sociedad civil” y que por ello “el Presidente de la República no tiene ninguna facultad ni atribución para desistir”.
“Él no se hizo parte de ninguna querella ni de la denuncia que nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, hicimos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en contra de Sebastián Piñera y de las demás autoridades políticas, civiles y militares”, precisó.
Margotta detalló que fueron un total de 46 las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (principalmente por casos de trauma ocular) y que respecto a estas mismas, no debería existir “presión política” para que se desista de ellas.
“La necesidad de hacer verdad y justicia respecto a estos graves crímenes, no se puede decidir tan fácilmente y no se puede presionar políticamente porque el Estado, cuando se cometen violaciones a los derechos humanos, está obligado internacional y nacionalmente a promover la verdad y la justicia respecto a ellos”, afirmó.
“Lo que se vivió en Chile no fueron meros excesos, sino se cometieron crímenes contra la humanidad, que es la categoría de violaciones a los derechos humanos más importante definida por la comunidad internacional”, agregó.
Otro de los querellantes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una corporación autónoma de derecho público, por lo que tampoco puede recibir órdenes directas del presidente de la República.