El impacto de la cultura de la violación
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Por Claudia Fica Pantoja
Durante las últimas semanas se han conocido tres denuncias de violencia sexual que han impactado a Chile y que han vuelto a poner el consentimiento en el centro del debate: la acusación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por haber presuntamente utilizado su posición de poder para violentar a una subordinada; el exseleccionado nacional Jorge Valdivia enfrenta, hasta el momento, dos denuncias de violación; y, finalmente, una fiesta de jugadores de Colo - Colo fue interrumpida por un presunto abuso hacia una de los asistentes.
Los rostros de Monsalve, Valdivia y Arturo Vidal han ocupado múltiples portadas, con el consumo de alcohol como acompañante de los hechos denunciados y la credibilidad de las denunciantes se han convertido en epicentro de la discusión pública.
Este tipo de hechos no son excepciones ni tampoco sólo ocurren en nuestro país: el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue acusado por la exprimera dama Fabiola Yáñez de violencia doméstica, mientras que en España el exdiputado oficialista Íñigo Errejón renunció a todos sus cargos después que se hicieran públicas varias denuncias por abuso sexual.
Más sorprendente que la particularidad de cada caso es que este tipo de conductas se repita y sea defendida consistentemente en el tiempo, a pesar haber experimentado cuatro olas de feminismo.
Aquello queda manifiesto con el triunfo del republicano Donald Trump - condenado por soborno a una actriz porno, acusado de acoso sexual y contrario a derechos reproductivos como el aborto - en la elección presidencial contra la actual vicepresidenta Kamala Harris, luego de haber perdido la anterior carrera contra el actual mandatario Joe Biden.
Es en medio de este tipo de escándalos que es inevitable cuestionarse cómo, a pesar de los avances realizados en materia de género, la violencia sexual sigue siendo un problema constante y que muy pocas se atreven a denunciar.
Pensadoras feministas de la segunda ola fueron construyendo una teoría que, a pesar de las décadas que han pasado desde su planteamiento, parece igual de vigente: y es que habitamos una cultura de la violación.
Cultura de la violación
Mientras la primera ola feminista se enfocó principalmente en enfrentar obstáculos legales que permiten la desigualdad, la segunda ola abordó problemáticas sociales y culturales, como el rol de las mujeres en la familia y el trabajo. Con el lema “lo personal es político”, las mujeres occidentales cuestionaron su estatus en la sociedad y las estructuras que permiten que la violencia hacia las mujeres sea una situación cotidiana.
A partir de las reflexiones que se originaron durante este movimiento es que múltiples teóricas concluyeron la existencia de una cultura de la violación, a través de la cual se moldea el comportamiento basado en las concepciones predominantes sobre el género, el sexo y la sexualidad.
Las consecuencias de la cultura de la violación se evidencian más claramente en las conductas relacionadas a la violencia sexual, como culpar a la sobreviviente, la trivialización de la violación y/o abuso o no reconocer el daño de ciertas formas de violencia porque no se ajustan a la idea de “violación violenta”.
Las teóricas feministas plantearon que, al igual que otras macroestructuras como el patriarcado, la cultura de la violación perpetúa mitos sobre la violación y la violencia de género, la que es entendida por la sociedad casi como algo normal de la experiencia femenina.
En los casos que han golpeado la discusión pública durante las últimas semanas se vislumbra otro elemento común: la violencia sexual facilitada por drogas (VSFD) , en estos ejemplos, el alcohol. Las denunciantes de Monsalve, Valdivia y Vidal acusan que los presuntos agresores utilizaron el estado de vulnerabilidad provocado por el alcohol para agredirlas, presuntas acciones que reflejan una realidad global.
En España, por ejemplo, el 37,9 % de la población de entre 18 a 35 años ha sufrido VSFD alguna vez en la vida en contextos de fiesta. Dentro de esa franja de edad, la VSFD afecta a una de cada dos mujeres (48,4 %) y a uno de cada cuatro hombres (27,0 %), es decir, el riesgo de sufrir este tipo de violencia es tres veces mayor para las mujeres.
La voluntariedad del consumo de sustancias diferencia la sumisión y la vulnerabilidad química, ya que el primero incluye métodos como la administración encubierta (agregar secretamente una sustancia para drogar a otra persona) y forzosa (obligar a consumir mediante la fuerza física o presión social), mientras que el segundo alude a conductas que son utilizadas por otros para cometer el delito.
Pareciera ser una diferencia pequeña e insignificante, pero que en la realidad crea un debate que ejemplifica los alcances de la cultura de la violación, ya que pone el foco en el comportamiento de la denunciante y no del agresor, lo que provoca que se genere dos “tipos de víctimas” y favorece una mayor culpabilización social y estigmatización.
Otro aspecto de la cultura de la violación que se evidencia en los polémicos casos chilenos es el tratamiento mediático de este tipo de denuncias y la revictimización a la que han sido sometidas las denunciantes.
A pesar de lo noticiosas que son las “drogas de violación” como la burundanga, la realidad es que es el alcohol es la sustancia bajo cuyos efectos se realizan la mayoría de los casos de VSFD, llegando a estar presente en casi un 80% de las agresiones.
A pesar de la seriedad de este problema, los medios de comunicación hegemónicos han sido criticados por su cobertura y han permitido que se cuestione los límites del consentimiento en el estado de vulnerabilidad inducido por el consumo de alcohol, a pesar de que en el Código Penal chileno - además del uso de la fuerza y de la intimidación - se habla de violación cuando la denunciante se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.
Y es que, como explica la doctora Pamela Oyarzún del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana, “el consentimiento tiene que ser con plena conciencia y cuando hay consumo de alcohol no la hay. Por lo tanto, no existe consentimiento, y si no lo hay, estamos frente a una violación”.
De esta forma, y a pesar de que esté explicitado en la jurisprudencia chilena, socialmente se les hace creer a las mujeres que es de su exclusiva responsabilidad haber sufrido violencia sexual luego de haber bebido, quitando así del agresor la obligación de detener cualquier tipo de avance si hay consumo de alcohol y drogas de por medio.
Para la abogada y presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Andrea Bluck, son “todas esas situaciones que todavía nos falta entender como sociedad, porque hay resistencia a una educación que genera cambios culturales, son parte de lo que constituye una cultura de la violación”.
Según Bluck, “son factores que van permitiendo que estas actitudes se sigan manteniendo y sean toleradas por nuestra sociedad, y que cuando dejan de ser toleradas son cuestionadas pública, comunicacional, jurídica, legislativa y políticamente”.
Revictimización: vivir el trauma a través de la prensa
La denuncia contra el exsubsecretario del Interior provocó un terremoto y escándalo en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con parte de la oposición acusando desde el primer minuto una actitud encubridora por parte del Ejecutivo.
Lo cierto - por lo menos con la información que se conoce hasta el momento - es que el 5 de octubre el director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, de la denuncia contra la entonces autoridad pública. Ese día la secretaria de Estado le hace saber al mandatario lo sucedido.
La noticia es destapa por La Segunda el 16 de octubre, y un par de horas después Manuel Monsalve renuncia a su cargo y lo informa a través de un punto de prensa desde el Palacio de Gobierno. Dos días después, el Presidente Boric da un polémico punto de prensa de 53 minutos donde respondió preguntas de la prensa a raíz del caso.
Luego de aquellas primeras horas después de la revelación mediática, el Ejecutivo se ha mostrado más precavido con sus declaraciones respecto de la denuncia, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha tenido que aclarar en más de una oportunidad cómo va a enfrentar la denuncia el oficialismo desde su prometida perspectiva de género.
A pesar de todos los cuidados que pueda pretender la administración del Presidente Boric, los hechos de las acusaciones son algunos de los principales temas en el debate público durante el último mes, lo que ha ocasionado un especial interés por parte de la prensa y de la oposición.
Una de las críticas que recibió el Gobierno fue la demora en la salida de Monsalve de su cargo, argumento que para la presidenta de Abofem, Andrea Bluck, no es tan sencillo de afrontar. Según la abogada, muchas veces quienes hacen este tipo de denuncias no quieren volver a los espacios donde ocurrieron los hechos que acusaron, lo que “en la práctica, puede permitir tomar un poco más de tiempo para tomar las decisiones”.
Hablando desde lo práctico jurídico, según explica la representante de Abofem, “si es que no es necesario tomar medidas urgentes para volver a generar un espacio seguro - porque quien haya denunciado no va a volver - quizás puedo tomarme el tiempo para tomar la mejor decisión posible sin vulnerar más derechos”.
“Cuando sabemos que la persona que ha sido objeto de violencia de género no quiere volver a los espacios, quizás la medida con perspectiva de género no es, en ese minuto, sacar a la persona agresora sino que es brindarle el apoyo a quien denuncia para que pueda volver a sentirse segura y respaldada por la institución, y eso se hace desde el Ministerio de la Mujer”, explicó la abogada a Súbela News.
Desde Abofem remarcan hay varias aristas que pueden analizar la presencia de una perspectiva de género, y desde donde hacen la principal crítica al Gobierno es al manejo comunicacional que ha tenido del caso “al haberle dado la posibilidad al exsubsecretario de dar sus declaraciones públicas desde La Moneda”.
“Fue una declaración en un punto de prensa llamado por el Gobierno en La Moneda, y todo eso es muy significativo para que él pueda dar su discurso y su versión, que son oportunidades que la denunciante, si quisiera hacerlo, no podría”, argumentó Bluck.
“Cuando sabemos que la persona que ha sido objeto de violencia de género no quiere volver a los espacios, quizás la medida con perspectiva de género no es, en ese minuto, sacar a la persona agresora sino que es brindarle el apoyo a quien denuncia para que pueda volver a sentirse segura y respaldada por la institución, y eso se hace desde el Ministerio de la Mujer”
Es de esta mirada que la organización se ha mostrado crítica de la perspectiva de género en la gestión de la crisis por parte de la administración del Presidente Boric, ya que son situaciones como aquellas las que permiten que exista una revictimización por parte de las denunciantes.
Y es que el proceso mismo de denunciar significa un estrés adicional a quien haya sufrido violencia sexual, no exclusivamente para la denunciante de este caso ,sino "también en todas esas personas que se han visto reflejadas con este relato porque han pasado situaciones similares”, señala Andrea Bluck.
La revictimización, así como otros elementos de la violencia sexual, no es tan fácil de describir o cuantificar. Según la definición de Susana Laguna-Hernández en “Manual de victimología”, la victimización secundaria es una variable que consolida la cronificación de las secuelas psicológicas del abuso, y que deriva directamente del choque entre las expectativas de la víctima y la realidad institucional con que se encuentra.
La constante atención mediática del Caso Monsalve, la filtración de información que es reservada y la utilización política del caso han sido elementos que han posibilitado una revictimización para quien acusó a la exautoridad pública y que ya manifestó su defensa, María Elena Santibáñez.
“Es esencial prevenir la victimización secundaria, conforme lo establece el Código Procesal Penal y la Ley Antonia”, afirmó la abogada defensora el 23 de octubre. En esa fecha, durante la audiencia de medidas cautelares, Santibáñez afirmó que su representada ha sido objeto de acoso mediático, con visitas a su domicilio por parte de periodistas y medios de comunicación, lo que ha afectado tanto a la víctima como a su familia.
Pero no es sólo la denuncia contra el exsubsecretario la que despertó el interés de los medios , ya que las acusaciones contra el exjugador de fútbol Jorge Valdivia también ha marcado la pauta informativa.
Una de las mujeres que acusó a Valdivia acudió a sus redes sociales para hablar del tema y expuso que el asedio mediático que ha experimentado debido a la filtración de datos no le permite salir de su vivienda. “Ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre”, declaró a través de Instagram.
Las revictimización consecuente de la cobertura mediática, no solo para las denunciantes es estos casos particulares sino para todas las personas que pueden tener una experiencia similar, también es motivo de preocupación para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Según un Oficio dirigido al presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) al cual Súbela News tuvo acceso, la ministra Antonia Orellana manifestó su “preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública, en particular los referidos a delitos sexuales, que circulan por diferentes medios de comunicación”.
La secretaria de Estado se basó en la jurisprudencia chilena - como Ley N° 21.675 y la Ley N°21.523, más conocida como Ley Antonia, además del Plan Nacional por el Derecho a Vidas libres de violencia de género para mujeres, niñas y diversidades 2022-2030 - para instar a la presidencia del organismo a “adoptar los procedimientos que .resulten menester conforme la normativa legal teniendo presente también la dignidad y protección de las mujeres”.