Sabina Frederic, exministra de Seguridad de Argentina, desmiente dichos de Patricia Bullrich sobre ingreso de droga al país desde Chile

La exministra de Seguridad de la Nación Argentina, Sabina Frederic, conversó con Súbela News y desmintió los dichos de la actual ministra de la misma área, Patricia Bullrich, quien dijo que la mayor cantidad de la droga que ingresa al país vecino ocurre por vías chilenas.

“Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años, tiene un problema muy serio. Tenemos que coordinar con ellos porque gran parte hoy de la droga que entra en Argentina lo hace por Chile”, dijo Bullrich en una rueda de prensa el pasado miércoles 10 de enero.

Sabina Frederic, exministra de Seguridad del gobierno del expresidente Alberto Fernández y que desarrolló labores como exsubsecretaria de Formación de la cartera de Defensa del país vecino, declaró en respuesta a los dichos de Bullrich: “Es totalmente descabellado, no hay evidencia empírica”.

Según un estudio realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), en el año 2017, el 5,3% de la población entre 12 y 65 años, consumió alguna vez cocaína. Mientras que al mismo tiempo, el uso de marihuana creció en todos los grupos etarios. Actualmente, durante la administración del ultraliberal Javier Milei, no existe una cifra actualizada sobre la situación de drogas en Argentina.

La actual ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que “la mayoría de la droga que entra al país lo hace por Chile”. ¿Crees que es una estrategia del gobierno de Javier Milei para tensionar las relaciones con el Gobierno de Gabriel Boric?

Es totalmente descabellado, no hay procedimientos hechos por las Fuerzas Federales en los que se haya decomisado droga que venga de Chile. No hay evidencia empírica que le permita a Bullrich hacer esa acusación. En general, es una ministra a la que le gusta mucho el show y la sobreactuación. No tiene datos para decir lo que dice y así llegó hasta dónde está. Es una ministra de la post verdad.

Creo que hay dos cosas para subrayar: una es la oposición política a Boric. A ella le tocó ser ministra cuando estaba Sebastián Piñera de presidente y había una alianza por el posicionamiento común respecto del problema Mapuche. Este conflicto tuvo una persecución criminal en Argentina completamente injustificada.

Heredé un conflicto que agravó como ministra, este fue la ocupación de una zona de parques nacionales en el Lago Mascardi, Bariloche. Ella alentó el desalojó ordenado por la justicia y se terminó asesinando a un mapuche, Rafael Nahuel. Finalmente, la comunidad se mantuvo ahí, no fueron desalojados. Mató un chico y no los desalojó.

Cuando Patricia Bullrich era ministra, entre 2016 y 2019 tuvo el acuerdo con Chile. Esto no lo tiene hoy con Boric, quien tiene otra posición respecto al conflicto que tiene Chile en la Araucanía.

¿No habría evidencia para decir que la mayoría de la droga entra por Chile?

Durante mi gestión, que duró dos años, no hubo un solo operativo de ingreso de droga por Chile, más allá de lo que ingresa alguien para su uso personal. En general, los operativos en esa frontera están más asociados al contrabando, pero no con drogas. No hay ninguna evidencia y todas las que hay, van en contra de esa idea. Todo transita por el otro lado.

¿Te refieres a los países productores?

Tal cual, porque de Latinoamérica hacia arriba, toda la droga va a México o Estados Unidos y el resto va hacia Brasil. Lo que pasa por Argentina viene porque hay consumo interno.

¿Cuál es la situación actual de la droga en Argentina?

Somos una zona de consumo y de tránsito, pero muy restringida porque la gran mayoría de la droga que se produce en Colombia, Perú y Bolivia, sale por Brasil. El primer problema que tenemos es que, como es un negocio ilegal, tenemos poca información.

En el 2017 se hizo una encuesta del Sedronar y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la que se presenta un crecimiento del uso de psicofármacos y alcohol. Además, se presenta una mayor accesibilidad a la droga, estos datos son antiguos, pero no han habido encuestas posteriores, así que la información es limitada.

En Argentina hace años se observa una asociación de la violencia y el narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario, donde la cantidad de homicidios llega a 12 de cada 100 mil habitantes, a diferencia del país, que tiene 4 cada 100 mil.

¿Cómo recibiste la situación del narcotráfico en Argentina cuando entraste al Gobierno de Fernández a fines del 2019?

Estuve a cargo desde diciembre de 2019 hasta septiembre del 2021. Fui sucesora de la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Cuando llegamos y revisamos lo que había hecho la administración anterior, sobre operativos, intervenciones y decomisos de drogas, descubrimos que el dato era cerrado. No había una información específica de cuántos decomisos eran de cantidades pequeñas y cuántos eran de grandes.

Las fuerzas federales, en vez de enfocarse en el tráfico a gran escala o a las grandes redes, se habían dedicado a secuestrar porros (pitos). La mayor cantidad de operativos habían sido destinados a perseguir el consumo.

Cuando asumimos, nuestra perspectiva iba enfocada a que se debían identificar las redes de tráfico a gran escala. En la pandemia decomisamos marihuana que venía desde Paraguay, y en ese mismo tiempo, sobre la cocaína que entra por Bolivia se segmentó el ingreso, pasando por cantidades más pequeñas.

¿El problema entonces no son los pequeños consumidores, sino más bien los grandes distribuidores?

Argentina tiene una ley de drogas vieja, La Ley 23.737 es prohibicionista, castiga al consumidor. Está hecha para cuidar la Salud Pública y al final la gente termina presa en vez de ser atendida por tener un consumo problemático. Esta ley ha demostrado ser un fracaso durante su existencia. El mercado creció, hay más consumidores. La inversión del Estado se ha orientado hacia la persecusión del consumidor.

Aquellos que tienen problemas de adicción no tienen los recursos públicos para poder atenderse, así que esta ley ha sido un completo fracaso. Nosotros hicimos esfuerzos para modificarla, pero no fue posible avanzar.

¿Por qué no fue posible?

Fui parte de las discusiones y lo que pasa es que hay una resistencia bastante dura de parte de un sector de la Iglesia Católica en Argentina. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina fue ocupada por una persona que respondía a la Iglesia Católica.

He tenido conversaciones con sacerdotes con muy buena reputación de trabajo en los barrios sensibles a la problemática de los más vulnerados, pero la posición de ese momento era que no era prioridad. También me entregaron como respuesta que en los sectores populares la persecución policial pone límites. Me dijeron que los pibes y las pibas pobres necesitan límites. Ese es un argumento difícil de sostener, porque ese sistema no lleva a la mejor calidad de vida al que consume o al que trafica. Finalmente, terminan en una vida carcelaria desde muy jóvenes o muertos.

¿Pero es toda la Iglesia Católica?

El mayor freno es de parte de un sector de la Iglesia Católica, el Movimiento de Curas Villeros, están asociados al Papa Francisco y se oponen a eliminar de esa ley la persecución del consumidor, que era lo que nosotros queríamos hacer.

Hay muchos proyectos presentados en el Congreso de todos los sectores políticos para despenalizar el consumo. Señalamos a la Comisión de Narcotráfico y Seguridad en el Senado que era uno de los temas prioritarios.

Para aclarar… ¿Cuando hablamos despenalizar, nos referimos al consumo de marihuana?

Despenalizar el consumo de marihuana era el pedido inicial. Hoy me lo planteo fuera de la administración pública y lo orientaría a la despenalización de todas las drogas. Hay que reorientar los recursos del Estado para atender a los que tienen problemas en el consumo. Se ha demostrado que no funciona este sistema.

Nadie se atrevió a ir en contra de la ley porque está la Iglesia Católica. Para Uruguay fue más fácil porque no tiene la iglesia metida dentro. En Argentina se avanzó en la implementación de una ley para el uso de cannabis con fines medicinales. Hoy no tenemos nada sobre el consumo recreativo, sino una ley que te impide consumir incluso dentro de tu casa. El principal freno es la Iglesia Católica.

Hay algo políticamente incorrecto que voy a decir, pero hay un problema adicional con las policías, sobre todo las que tienen el esquema de comisaría, ya que tienen un sistema de recaudación ilegal de la venta, consumo, etc. Esa recaudación no queda solo ahí. Algunos policías dicen que algunas veces ese sistema de recaudación ni siquiera pasa por ellos y que se va para otros lados.

¿Tienes conocimiento de a donde se va?

La jueza Sandra Arroyo Salgado, que es una jueza federal muy seria y con un trabajo muy respetable, llevó adelante una causa y encontró que habían policías de la provincia de Buenos Aires, Rosario en Santa Fe y de la policía federal, antes de que me hiciera cargo, que tenían conexiones con fiscales. No estoy diciendo que todo el sistema judicial y que toda la policía sea corrupta. Lo que estoy diciendo es que hay fuentes ilegales de financiamiento. Por ejemplo, la del fiscal (Claudio) Scapolan que fue destituido por la causa “Bobinas Blancas”, en la que hubo homicidios y se secuestró mucha cocaína. Una de las partes era separada y luego vendida.

Está demostrado que existe eso, por lo mismo, a veces no encuentras las voluntades de todos los sectores para avanzar en ese sentido. Sumado a eso está la iglesia que cree que la persecución en torno al consumo de los pobres es lo mejor y termina siendo un camino sin salida.

Chile vive una crisis de seguridad. ¿Argentina vive una situación similar a nivel nacional?

Yo creo que el lugar que de verdad requiere de un tratamiento distinto y en el que no se han aplicado las medidas que corresponden es en Rosario. En Argentina hace diez años viene bajando la tasa de homicidios.

Hoy lo que pasa es que no tenemos el dato objetivo sobre sí aumentaron realmente los delitos violentos. Esto no significa que no ocurra, pero si hay una cantidad enorme de grabaciones que se producen por la cantidad de cámaras que la gente tiene. Esto hace que tengamos la imagen de los delitos, hay una mayor difusión, lo que hace que el terror sea importante.

Si bien las encuestas, en las que no creo mucho, dicen que el mayor problema es la inseguridad, yo creo que es la incerteza que viven las personas sobre la inflación y se relaciona con el miedo que tiene la gente a perder lo poco que tiene.

¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasa en Chile?

Chile está viviendo un proceso distinto, el año pasado fui dos veces por trabajo y me sorprendió el tema de seguridad. Esa discusión en Argentina la tuvimos hace 20 años, después de la crisis del 2001. Ahí existió una crisis de seguridad brutal, en muy pocos años hubo muchos homicidios. En el 2023 encontré esa discusión que ya saldamos en Argentina, si hay que fortalecer la seguridad en los municipios. Por suerte Chile entró después al problema.

Argentina tuvo en 2001 una mayor crisis de seguridad de la que tiene ahora por el momento. Sin embargo, hay problemas y yo creo que este gobierno va a agudizarlos.

¿Cuál es tu mirada del Gobierno de Javier Milei?

Hay un elemento que está presente sobre la competencia que existe dentro del actual gobierno de Milei entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien estuvo en Bariloche la semana pasada. En esa visita hizo referencias a la cuestión mapuche, a la importancia de defender la propiedad privada y deslizó la idea de que las comunidades mapuche argentinas quieren producir una secesión respecto del Estado Nacional, cosa que es un disparate absoluto.

Me parece que hay una competencia interna fuerte en el gobierno. Patricia Bullrich se quedó con las dos áreas que quería Villarruel, Defensa y Seguridad. La vicepresidenta fue un poco corrida.

Hay una disputa interna fuerte, y además, están las dificultades que va a tener Bullrich para avanzar en esa cruzada demencial con la que trabajó en su anterior gestión contra los mapuche, como si fueran el gran enemigo interno de Argentina. Por ahí vienen las explicaciones de esta acusación demenciada que hace a Chile.