La Minuta AM: Constanza Hube afirma que Ley de delitos de cuello y corbata supone una inconstitucionalidad
Lo que pasó. El martes 11 de julio, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), gremio empresarial que agrupa los principales sectores productivos del país, presentó un “téngase presente” al Tribunal Constitucional respecto de la Ley de delitos de cuello y corbata, donde se acusaría presuntos vicios de inconstitucionalidad en la normativa.
El documento de 34 páginas, redactado por los abogados de la UDI Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, mostraría antecedentes a tomar en cuenta en el control de constitucionalidad del proyecto. Según comentó Hube a Radio Concierto, "el eje general general del proyecto (presentado por el Gobierno de Gabriel Boric) es que se crea un sistema penal diferente, selectivo, que afecta a cierto grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones".
De esta forma, la abogada enfatizó que "no solamente afecta a gerentes, directores o administradores. Sino que también a personas indeterminadas, porque solo señala 'personas en posiciones jerárquicas' y no define lo que es eso".
El objetivo del CPC al presentar el “téngase presente” en el Tribunal Constitucional es con el objetivo, de acuerdo a los litigantes, de que “quede constancia (...) de que este proyecto tiene vulneraciones a Derechos Fundamentales". "Esto es una suerte de sistema penal paralelo. Crea atenuantes, circunstancias agravantes, restringe sustituciones de penas", aseguró la exconvencional.
De esa forma, dice Constanza Hube, "crea nuevos delitos, pero en materia penal los delitos deben estar muy bien descritos (...) genera leyes penales en blanco, vulnera la igualdad ante la ley, vulnera la proporcionalidad".
“Preocupante acción”
La ley que sistematiza los delitos económicos fue despachada por el Congreso el pasado 15 de mayo. Desde la fecha, la iniciativa ha sido objetivo de varias críticas del mundo empresarial, culminando con el texto escrito por Hube y Zaliasnik en representación del CPC.
Al ser consultada sobre el tema a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó que "habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad, pero sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso, de manera bastante transversal del proyecto de ley, que ahora es ley, sobre los delitos económicos y ambientales".
"Hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata. Ese ese un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción de poder económico con el poder político, que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas, o multas proporcionales al delito cometido", añadió.
En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la presentación formulada por los abogados de la oposición y la CPC. "A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional, que tiene una parte del sector privado, de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso", acusó Cordero.
Tras ello, el titular de Justicia sostuvo que "este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final".
Finalmente, el ministro de Justicia cerró comentando la importancia del carácter democrático del país. "Me parece que todo el mundo tiene derecho a petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso".