Comisión contra la Desinformación entrega informe final con 72 recomendaciones
Las ministras Camila Vallejo y Aisén Etcheverry recibieron el Segundo Informe de la Comisión contra la Desinformación que incluye propuestas en diferentes ámbitos. Con este hito termina el trabajo de la Comisión Asesora Ministerial que se inició en junio de 2023.
Después de tres meses de análisis de experiencias internacionales y consultas con especialistas, las y los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación publicaron su segundo y último informe. En este proponen medidas de diversa índole para enfrentar la complejidad del fenómeno en redes sociales.
Además, destacan la importancia de mantener un espacio cívico abierto y afirman que su trabajo se basó en nueve principios para garantizar que las recomendaciones que proponen protejan los derechos fundamentales y fortalezcan la democracia.
La Comisión debía emitir dos informes, el primero asociado a conocer el estado actual del fenómeno; y el segundo para entregar orientaciones que permitan hacer frente al fenómeno global de la desinformación.
Fabián Padilla, director y editor general de Fast Check, explicó que este informe busca posicionar a Chile frente al combate de la desinformación, por lo cual el contenido del informe y sus “recomendaciones se basan en principios fundamentales para nuestra sociedad, como la libertad de expresión y de prensa y, a su vez, están desarrolladas mirando al futuro del problema de la desinformación, pensando en la Inteligencia Artificial generativa y dilemas tecnológicos que pueden modificar el fenómeno”.
En base a eso, la Comisión redactó 72 recomendaciones en las siguientes categorías: coordinación internacional, contexto chileno, desinformación en procesos electorales, ciberseguridad, frente a crisis y desastres, salud pública, de género, alfabetización mediática, informacional y digital, fortalecimiento de los medios como una herramienta contra la desinformación, y por último, investigación en desinformación y pluralismo.
La ministra Secretaria General, Camila Vallejo, agradeció a expertas y expertos por su arduo trabajo y destacó también la labor del Ministerio de Ciencia. “Me siento muy contenta de que este espacio haya terminado dando un fruto enriquecedor. No solamente para los profesionales y expertos, como experiencia profesional, sino que también para el debate que va a seguir teniendo el país al respecto. Esto es una puerta de entrada a una discusión mucho más grande, probablemente mucho más profunda y dinámica en materia de plataformas digitales”, dijo la vocera.
Y agregó: “El tema es realmente de multilateralismo, de democracia y un tema de derechos humanos. Me alegra mucho que en nuestro país estemos entrando de lleno a esta discusión y partiendo con un origen de esta envergadura. Este esfuerzo colectivo es un puntapié que da cuenta de lo responsable que está siendo nuestro país en abordar este tema”.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, destacó el valor de contar con la asesoría de profesionales, expertos y expertas, para fortalecer la creación de políticas públicas: “El informe es un valioso insumo que tiene información atingente para diferentes actores: gobierno, congreso, sociedad civil, universidades, entre otros. Esto es importante, porque como todo problema complejo, la desinformación requiere de múltiples actores para ser combatida”
También agregó que “todos estamos influidos y somos perjudicados por la desinformación, por lo que el informe nos habla a todos, como sociedad. Por parte del Ministerio de Ciencia, estamos satisfechos de haber conectado nuevamente el mundo de la evidencia científica con las políticas públicas. La desinformación requiere de múltiples disciplinas para ser comprendido como fenómeno y en esta comisión convivieron ingenieros, cientistas sociales y políticos, abogados. Es conocimiento con que Chile cuenta y que ahora será aprovechado por todos y todas”.
Algunas recomendaciones
El informe, que está disponible en la página web del Ministerio de Ciencia, hace énfasis en recomendaciones referidas a plataformas de redes sociales. Entre ellas menciona: crear un mecanismo de coordinación multisectorial; avanzar en una política de trabajo hacia la gobernanza de plataformas de redes sociales; exigir mayor transparencia de algoritmos, e implementar códigos de buenas prácticas contra la desinformación. También recalca la necesidad de avanzar en la actualización de la legislación de protección de datos personales.
En ciberseguridad recomienda mayor coordinación entre instituciones y plataformas, incorporar protocolos de análisis interno y catalogar los sistemas informáticos en contextos electorales como infraestructura crítica de la información, entre otras observaciones.
Sin embargo, respecto a la desinformación y la forma en la que esta afecta a la sociedad diariamente, la Directora de la Fundación Datos Protegidos dijo que “Es necesario comprender que la desinformación no solo se trata de fake news o noticias falsas, ni que sólo ocurre en períodos como elecciones o votaciones políticas sino que, está presente en diversos temas cotidianos, como la salud o cómo reaccionamos frente a desastres naturales y en la gestión de emergencias”.
Algunas de las sugerencias sobre procesos electorales incluyen: incorporar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios una mención expresa a la regulación de la publicidad en plataformas de redes sociales digitales, además de entregar facultades al Servel para denunciar campañas de desinformación contratadas por actores no registrados. Además, sugiere que las plataformas digitales de redes sociales supervisen el avisaje político que transmitan.
La comisión también hace énfasis en la importancia de la cooperación internacional en esta materia, por ser la desinformación un fenómeno global. Recomiendan que Chile participe en regulación multilateral y que transparente la actividad de cooperación internacional de Chile en estas materias.
Juan Carlos Lara, Licenciado en Derecho por la Universidad de Chile y director ejecutivo en Derechos Digitales cree que “Avanzar hacia una gobernanza del espacio cívico digital con contribución de múltiples partes interesadas es una aspiración ambiciosa y crítica”. Por otro lado, agregó que no “podemos renunciar a llegar colectiva y democráticamente a un conjunto de problemas que enfrenta la expresión en línea, que incluyen a la desinformación”.
Las y los comisionados destacaron, en la introducción del documento, haber velado y resguardado su condición de ser una entidad integrada solo por académicas y académicos, investigadoras e investigadores, miembros de organizaciones no gubernamentales independientes y designados con prescindencia de sus preferencias políticas.