Susana Borzutzky, abogada de Fundación ProCultura: “ProCultura está destruida en gran parte por responsabilidad del mismo Estado”
Por Claudia Fica Pantoja y Luis Tabilo Castillo
A través de una declaración compartida a Súbela News, Susana Borzutsky, abogada representante de la recién extinta Fundación ProCultura, acusa que el cierre de la ONG se debe a un abandono fiscal consecuencia del Caso Convenios y no por algún tipo de actividad ilícita por parte de la organización.
“ProCultura está destruida en gran parte por responsabilidad del mismo Estado que trató de cuidar y desarrollar. Su equipo está viviendo el duelo de haber sido abatido por ciertas autoridades, para tapar el sol con el dedo”, señala la abogada y socia del estudio Barruel Borzutzky.
“Un plan maquiavélicamente maquinado”
Es que tras el destape del Caso Democracia Viva - donde se traspasaron 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación representada por Daniel Andrade (Ex Revolución Democrática) -, se le puso término anticipado a convenios entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la ONG ProCultura.
De acuerdo a lo explicado por la abogada de ProCultura, Susana Borzutzky, “la irresponsabilidad del Estado al destruir su reputación, sumado a rechazos de gastos sin justificación, cierres unilaterales y un exceso de requerimientos imposibles de cumplir en tiempo y forma, significó gastar más de lo rendido para cumplir con los beneficiarios”.
Susana Borzutsky, abogada representante de Fundación ProCultura (Imagen cedida)
Según Borzutsky, aquella acción fue una “pena anticipada” que se aplicó a la fundación, haciendo “caso omiso a la presunción de inocencia”. En la misma línea, la representante jurídica indica que ProCultura “fue condenada en el coliseo mediático nacional”.
“Se desvió la atención de las irregularidades cometidas por las autoridades hacía fundación ProCultura, para que pagasen justos por pecadores, un plan maquiavélicamente maquinado”, dice la declaratoria.
Un plan efectuado, según describe la socia del estudio Barruel Borzutzky, en dos aristas: “En lo comunicacional, instalar la tesis que los que poseían la peste era la Fundación y, en lo administrativo, hacerles imposible cumplir lo pactado”.
Por consecuencia de lo anterior, Borzutsky remarca: “las autoridades siguen trabajando, los proyectos están detenidos, los beneficiarios esperando, y los 15 años de ProCultura destruidos en pocos meses”.
La ruta del dinero
Desde el MINVU, Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado iniciaron acciones para seguir la ruta del dinero.
“El Consejo de Defensa del Estado solicitó al 1° Juzgado de Letras de Antofagasta la retención de los dineros que la entidad tuviera en la cuenta creada a propósito de los convenios. Sin embargo, tras diligencias realizadas por el receptor judicial Carlos Bonilla, se comprobó que el saldo que mantenía el organismo fundado por Alberto Larraín era de cero pesos”, informó La Tercera.
Ante esto, la abogada de la fundación aludida declara a Súbela News que “ProCultura nunca ha realizado un retiro desde sus cuentas ni ha distraído ningún fondo para el patrimonio de miembros, representantes o terceros”.
“Todos los fondos recepcionados fueron gastados para y en pro del desarrollo de nuestras comunidades, lo que se acreditará en las instancias judiciales respectivas, y esperamos que los verdaderos responsables sean acreditados y los Tribunales de Justicia apliquen el máximo de la ley”, añade Borzutsky.
El comunicado insiste en que: “ProCultura hasta el viernes 17 de noviembre de 2023, último día que estuvo operativa, trabajó para las comunidades más extremas y/o abandonadas del país, a través de proyectos específicos. Su trabajo, energía, y recursos eran destinados en su totalidad a aquellos”.
“Esperamos que los verdaderos responsables sean acreditados y los Tribunales de Justicia apliquen el máximo de la ley”, culmina lo informado por la abogada Susana Borzutsky.
El ocaso de ProCultura
El 17 de noviembre de este año, la Fundación ProCultura comunicó su ocaso a través de la página web de la fundación: “Con profundo pesar queremos informar que hemos llegado a la dolorosa decisión de cerrar nuestras actividad”.
El término de actividades de la ONG se debe a que, posterior al informe entregado por Contraloría respecto de las transferencias de recursos efectuadas por servicios públicos, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta informó del término anticipado de los convenios con ProCultura en la región. Producto de esto, la organización quedó en devolver 500 millones de pesos al Minvu por servicios no prestados, que se sumaron a los 370 millones por otro convenio con el gobierno regional al que se le puso término anticipado.
“Este cierre es consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones”, manifestaron en su último comunicado.
Luego de la revelación del Caso Fundaciones, indica ProCultura, “los organismos estatales quitaron todo apoyo a las fundaciones y de forma unilateral, sin sustento jurídico, nos impidieron continuar con nuestra labor, lo que finalmente ha hecho inviable continuar con nuestra operación”. Aquello “impidió tanto la asignación de nuevos como la renovación de aquellos que se encontraban en ejecución y su proceso de cierre”.
A lo anterior se le suma “el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en proyectos tan emblemáticos y significativos socialmente”, lo que tuvo un impacto en el estado financiero de la fundación que culminó con un “desgaste tan relevante como irreversible en las actividades ordinarias de ProCultura”.
Fue a principios de noviembre cuando el Ministerio de Vivienda notificó la decisión de disolver los contratos con la ONG debido, según explicaron en su momento, a una serie de incumplimientos, entre los cuales se encuentran "el atraso y ausencia en la entrega de rendiciones financieras".
Los convenios, que equivalen a $500 millones, estaban destinados a ejecutar "una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios (…) para mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, pero que al no cumplir con los plazos y las entrega de rendiciones - y haber incurrido en el arriendo de oficinas que el ejecutivo calificó de “exceder con creces el valor de mercado” - se les puso término anticipado.
Carlos Montes (PS), ministro de Vivienda y Urbanismo
La decisión de poner término anticipado a los convenios suscritos por el Ministerio de Vivienda no sólo afectó a ProCultura, sino a un conjunto de otras organizaciones respecto de las cuales la contraloría detectó irregularidades en 15 regiones del país, según lo informado por el contralor general, Jorge Bermúdez.
Siguiendo esa línea, el ministro de Vivienda y Urbanismo, el socialista Carlos Montes, anunció el 10 de noviembre pasado las medidas para combatir y reducir las falencias que presenta el actual modelo de transferencia de fondos, entre las cuales se encuentra una reducción del 10% del presupuesto para las instituciones sin fines de lucro.
Además, el secretario de Estado aseguró que el ministerio solicitó la "restitución de $1.765 millones" a ocho fundaciones - entre ellas, ProCultura- tras detectar el incumplimiento de contratos.
Transferencias de recursos a organizaciones, no registradas por el Gobierno Regional de Antofagasta. Contraloría General de la República.
El “engaño” del Minvu para suscribir convenio
Tras el terremoto político provocado por el Caso Convenios, Contraloría y el Ministerio Público iniciaron acciones para descubrir si los contratos entre los organismos del Estado y las fundaciones sin fines de lucro se ajustaron a la ley.
Al ser una de las ONG investigadas, ProCultura inició un proceso de revisión interna, percatandose de un eventual engaño, el cual finalmente decidieron denunciar ante el Ministerio Público el 29 de junio de este año.
El texto, presentado por la abogada Susana Borzutzky, y replicado por La Tercera, señala que la ONG arribó a la Región de Antofagasta por una invitación extendida por parte de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismoa un conjunto de fundaciones, convocándolas a presentar sus antecedentes y experiencia para ser evaluados y considerados como posibles ejecutores de distintas iniciativas ministeriales, dada la necesidad de abordar situaciones críticas en comunidades con alta vulnerabilidad y con dificultad de implementación.
ProCultura remitió la documentación solicitada y suscribió cuatro convenios con la Seremi de Vivienda referidos a la habitabilidad primaria de las comunidades de Moisés, Betsabet, Arca de la Alianza e Israel, todos de fecha de 18 de octubre de 2022, informó La Tercera.
“Luego del levantamiento de toda la información pública obtenida, proporcionada por las distintas entidades involucradas, y redes sociales, se pudo establecer que la invitación que realizó el Minvu, así como la información y documentación proporcionada por trabajadores de dicho organismo enviada a nuestra representada para participar en el proyecto, en parte habría sido falsa y disfrazada con tintes de legalidad”, expone la fundación en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Según lo detallado por ProCultura, ellos creyeron en las “recomendaciones” que vinieron desde la Seremi de Vivienda para la contratación de personal que les permitía ejecutar el convenio. Esos nombres habrían tenido vínculos con la oficina ministerial en Antofagasta, manteniendo un “doble” contacto con la fundación y también con el Serviu.
Además, agregaron que “desde ProCultura, jamás dudaron de los requerimientos o palabra” de los funcionarios, “atendido que es un organismo público, que representa al Estado y en consecuencia regido por el principio de probidad y de apego a la Ley”.
Asimismo, señalaron ante el Ministerio Público que los fondos provisionados para la ejecución de los convenios se encuentran custodiados y “debidamente” auditados, no existiendo perjuicio fiscal alguno.
“El actuar de la fundación siempre ha sido de buena fe, creyendo siempre que lo requerido por el Minvu era ajustado a derecho. En virtud del rol social que ejerce la fundación en la ciudadanía y de los valores que pregona, se afirma categóricamente que nadie de la fundación cruzó alguna línea de ilicitud con la intención de granjearse de un convenio”, expusieron.
Colaboración con la Justicia
Finalmente, la abogada Susana Borzutzky puntualiza a este medio que “ProCultura ha prestado su colaboración en los procesos, es más, fue la única fundación en denunciar las irregularidades de las autoridades, ha acompañado toda la documentación solicitada y han prestado declaración sus miembros y colaboradores al ser citados. Y seguirá demostrando con total transparencia su posición”.