Violencia ginecobstétrica: Chile es uno de los países en Latinoamérica con más cesáreas

El término violencia obstétrica nació en 2007 en Venezuela, y se define como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. Desde ahí, el concepto se extendió por toda Latinoamérica.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020, todos los días morían casi 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Ese mismo año, había un fallecimiento materno cada dos minutos. El 95% de todas las defunciones se dieron en países de ingresos bajos. La mayoría se podría haber evitado.

Javiera Rossel, directora ejecutiva del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO Chile), explica algunas de las formas sobre cómo se puede manifestar el trato deshumanizado: “Si tu cuerpo te pide moverte, pero no te dejan moverte; si quieres agua, pero no te dejan tomar agua; si requieres compañía de alguien, como tu pareja o mamá, y te dicen que no. Eso es violencia”.

Hay prácticas médicas, como la episiotomía o la maniobra de Kristeller, que estando obsoletas pero se siguen practicando. La primera es una cirugía para ensanchar la abertura de la vagina, que puede tener como consecuencias hemorragia, desgarros, dolor al tener relaciones sexuales, suturas o puntos infectados, además de que el proceso de cicatrización también puede resultar molesto.

En tanto, la maniobra de Kristeller consiste en ejercer presión sobre el fondo uterino para que el feto salga con mayor rapidez. Sin embargo, este método no es solo un riesgo para la madre, sino que también para el bebé. En ambos procedimientos puede ocasionar rotura de costillas, lesiones en órganos internos y hematomas. Además, el neonato podría tener una hipoxia fetal y fractura o lesión de la médula espinal, mientras que la madre podría tener complicaciones como rotura uterina, laceraciones cervicales, hemorragia y contusiones.

La Colectiva Contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica realizó la Primera Encuesta Nacional Sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile entre 2019 y 2020. Los resultados mostraron que el 70% de las consultadas expresó haber sufrido violencia obstétrica y al 44% no se le pidió firmar consentimiento informado. Entre las firmantes de consentimiento, un 37% indicó que no era claro, mientras que el 47% tuvo que hacerlo durante el parto.

“Hay muchos profesionales de la salud que dicen que ellos no son violentos, pero finalmente es como un sistema donde el parto en vez de ser un proceso natural, se ha instrumentalizado”, señala Rossel.

De acuerdo a la OMS, en primerizas el trabajo de parto dura entre 12 y 18 horas, mientras que en los alumbramientos posteriores se acortan a 10 horas. Por otro lado, las cesáreas tienen una duración de una hora, aproximadamente.

“En una sociedad donde no hay tiempo, donde todo se programa, un parto es algo costoso y es algo que no muchos profesionales están dispuestos a hacer, porque finalmente en turnos de 12 horas no logras sacar un parto siempre”, explica Javiera Rossel.

Javiera Rossel, directora ejecutiva del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO Chile)

A pesar de que la OMS indica que las cesáreas deben realizarse cuando sea médicamente necesario, no siempre es así. Chile es el país con la mayor tasa regional y mundial conocida de cesáreas. Muchas personas gestantes acceden, pero cuando revisan la ficha médica se dan cuenta que la intervención que le hicieron no era necesaria. “Es un sistema que está hecho precisamente para que si después de 10 horas y estás pegada, vamos a la cesárea, porque es más rápido, porque se puede manejar, vas a tener más rápido a tu hijo, porque es una sociedad de la inmediatez”, explica Rossel.

La OMS hace un llamado a que las tasas de cesáreas no superen el 15%. En enero de este año, OVO Chile solicitó información a través de la Ley de Transparencia y el informe reveló que hay lugares en Chile que llegan al 90%. También es uno de los países en Latinoamérica con más casos de esta intervención quirúrgica.

Yerty Saavedra es kinesióloga de piso pélvico del área del embarazo y post parto. Ha trabajado con casos donde futuras madres han sufrido algún tipo de violencia. Según indica, hay pacientes que han denunciado que no las dejan estar acompañadas, incluso, excluyendo al padre.

“Me han comentado mucho que algunos ginecólogos de Curicó no se dan el tiempo, ni siquiera de dar una atención de calidad. Recuerdo a una paciente que iba al médico y ni siquiera la dejaba hablar, no la monitoreaban, no le tomaban la presión, ni siquiera la pesaban, solo le revisaba la guatita”.

Una paciente de Yerty le comentó una situación “muy estresante y muy triste”.

“C. había cambiado su ginecólogo de acá, de Curicó, porque no era pro parto y se fue a Talca, que era la única opción que ella tenía. La opción de viajar a Santiago no todas la tienen por un tema económico, no todas tienen la posibilidad de ir a una clínica pro parto natural. Creo que se está dando vuelta la cosa y se está haciendo un privilegio tener un parto respetado y humanizado”, sostiene.

Un día, un médico le aseguró a C. que sí podía tener un parto natural. Eso fue en un principio, porque luego, con 39 semanas, una matrona comenzó a insistir que debía programar una cesárea. Una de las razones que le decían era que su presión era muy alta, sin embargo, Yerty la monitoreaba constantemente durante los entrenamientos pre natales y la presión de C. no era un problema. “La matrona le dice que su pelvis es estrecha, que ve muy chico el canal del parto”, cuenta la kinesióloga.

Yerty Saavedra, kinesióloga de piso pélvico del área del embarazo y post parto.

La misma matrona la instó a que “decidiera luego, porque se iba a acabar la posibilidad de tener pabellón”. C. no durmió en toda la noche pensando qué hacer, si hacerle caso al equipo médico o no. “En 2023 necesitamos que se escuche la necesidad de la mujer, que se respete que sea un parto donde los padres son los protagonistas; un parto humanizado es lo que queremos”,remarca Yerty.

Finalmente, el bebé de C. nació por cesárea.

En Chile está vigente una norma técnica para proceder con una cesárea, donde se indica que “a todas las mujeres se les debe entregar la información acerca del motivo de la indicación de su cesárea, de los riesgos y posibles complicaciones”. Apunta también a que solo se deben realizar a mujeres que lo necesiten por razones médicas justificadas. Según Rossel, se siguen aplicando a “diestra y siniestra".

Pero también pasa al revés. Una mujer llegó a Javiera Rossel y le contó que “ella pidió cesárea mil veces y su equipo privilegió el parto vaginal. Fue una experiencia traumática”.

Es importante destacar que a pesar de las consecuencias negativas que puede traer una cesárea, éstas pueden salvar vidas, en muchos casos es médicamente necesario.

Ley Adriana

Actualmente no hay mecanismos específicos para denunciar violencia obstétrica. Se puede hacer mediante un reclamo por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes ante cualquier prestación médica.

El pasado 21 de marzo la Comisión de Mujer y Equidad de Género despachó a Salud el proyecto que erradica la violencia ginecoobstétrica, también llamada “Ley Adriana”. Ahora esta última comisión deberá pronunciarse antes de pasar a la sala del Senado.

El proyecto que fue presentado en octubre de 2021 por la diputada Claudia Mix y otros 13parlamentarios, abarca el “Ámbito de la Gestación, Preparto, Parto, Postparto, Aborto, Salud Sexual y Reproductiva, y Sanciona la Violencia Ginecobstétrica”, a través del cual se busca resguardar a las mujeres y personas gestantes en el proceso de parto, asegurando los derechos de cuidados a las mujeres y a los recién nacidos.

La Ley Adriana surgió luego del caso de Adriana Palacios, quien, en 2017 en la localidad de Alto Hospicio, sufriera violencia obstétrica y una serie de negligencias médicas que provocaron que su hija, Trinidad, naciera sin vida. La visibilización de este caso, en el que el recinto de salud involucrado no prestó ayuda a Adriana ni a su hija, fue una de las motivaciones de esta ley.