La Minuta AM: Caso Convenios e informe de Contraloría: La Moneda apunta a “debilidad institucional” diseñada en el gobierno anterior
Lo que pasó. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, entregó ayer novedades sobre el Caso Convenios en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia dio a conocer las irregularidades en las Seremías de Vivienda y Urbanismo en 15 de las 16 regiones en el país.
Bermúdez indicó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para investigar y establecer las responsabilidades penales. “Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad. Ese es el problema que tenemos”, explicó el contralor.
“Tenemos una debilidad de los controles también, porque el control parece que fuera más intenso de lo que realmente es y el intenso realmente es el control posterior, porque es ahí donde vamos a ver todos estos elementos que hoy día estamos poniendo acá en estos informes”, agregó.
Ejecutivo. En un punto de prensa, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo se refirió al informe de Contraloría sobre el Caso Convenios, señalando que valora profundamente el trabajo realizado por el ente contralor.
“Esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior, y que da cuenta de una brecha institucional que permite que, quienes tengan intenciones de otro tipo, puedan defraudar al Fisco", respondió la ministra Vallejo.
Con respecto a las críticas hacia el ministro de Vivienda, Carlos Montes, la vocera apuntó que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo de quien está al frente y no asumir las responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están circunscritos en un solo sector político".
“Yo le pediría a la oposición que también, como autoridades parlamentarias o políticas, asuman la responsabilidad, la tarea que tienen como representantes en acortar las brechas y en ayudar a que esas cosas no vuelvan a suceder, dado además, que el diseño de esta forma de transferencias de recursos, vino de un gobierno de su propio sector, no en el nuestro", añadió la secretaria de Estado.
La ministra Vallejo remarcó que no se trata de un “modus operandi”, sino que insistió en una “debilidad institucional”.
Durante la mañana de hoy, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó que el traspaso de recursos ocurrió entre 2021 y 2022, por lo tanto, “la responsabilidad es intransferible”.
Monsalve sostuvo además que el Gobierno debe asumir responsabilidades, ya que por un lado debe “reparar la institucionalidad deficiente, que lo está haciendo en el marco de la Ley de Presupuesto para el año 2024”, y por otro, “hacerse responsable de las responsabilidades políticas o administrativas de los hechos que han ocurrido durante este Gobierno”.
Desde el Minvu, a través de comunicado de prensa que “desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven a otros fines”.
“Nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”.