“Violencia política sexual y digital en Chile”: El nuevo territorio de disputa del cuerpo femenino
La investigación “Violencia política sexual y digital en Chile”, llevada a cabo por la periodista y magíster en estudios de género, Karen Vergara, da a cuenta de la asimetría de poder en las plataformas digitales y las mujeres que las utilizan. Este tipo de sesgo se “evidencia de manera más clara en el momento de denunciar contenido que amedrenta, intimida o las expone a nivel sexual”, según lo indicado en el documento.
En julio de 2020, veinte mujeres chilenas entre 18 y 35 años recibieron el mismo mensaje por parte de sus cercanos, quienes se percataron que una cuenta de Instagram llamada “Funando1_encapuchadas_calientes” estaba compartiendo fotos de ellas, las que habían sido sustraídas de Tinder. En el texto de las publicaciones incitaban al “odio y la violencia sexual, aludiendo negativamente a sus cuerpos, sexualidad y especialmente a que en sus perfiles estaba el hashtag ‘#Apruebo’, dando a entender su postura en el plebiscito de salida”.
Las afectadas acudieron a la ONG Amaranta buscando orientación dada la escasa información sobre cómo proceder e inacción de autoridades y policías. La organización, dirigida por Karen Vergara, investiga temas de género y Derechos Humanos. La periodista sostiene que iniciaron procesos de reporte ante la plataforma Meta y su departamento de Policy Manager para Latinoamérica, porque las denuncias por medio de canales oficiales no estaban dieron resultado e incluso les daba visibilidad algorítmica a las cuentas.
“Lo principal es cuestionarnos quiénes están creando las tecnologías que utilizamos”, indica Vergara. “La falta de inclusión de mujeres y diversidades en el desarrollo de plataformas, también propicia la falta de herramientas que estas mismas redes tienen para abordar situaciones de violencia que se dan en sus espacios”, añade.
“No preveer o anticiparse a las violencias que pueden ocurrir con la aplicación que has creado, también habla de un sesgo, así como el uso de algoritmos que solo terminan fomentando la segregación y el estigma”, sostiene Vergara.
En la misma línea, argumenta que “existe una relación asimétrica de poder entre las plataformas digitales y las mujeres y diversidades que las utilizan, que se evidencia de manera más clara en el momento de denunciar contenido que amedrenta, intimida o las expone a nivel sexual”.
Las plataformas están delegando su responsabilidad en algoritmos de denuncia que no consideran variables de género a la hora de procesar los contenidos reportados, generando desigualdad a la hora de dar de baja contenido odiante o que ataca directamente a las mujeres.
“Este tipo de ataques, principalmente ligados a exponer y vulnerar de forma íntima a mujeres que habitan internet, tiene como propósito restarlas del espacio digital, haciéndolas sentir humilladas y avergonzadas, acallando sus voces y, por sobre todo, buscando generar disciplinamiento sobre sus cuerpos, fenómeno que se repite a través del tiempo y la historia”, escribe Vergara.
La violencia que viven las chilenas
Las violencias digitales más vividas por las mujeres en Chile son: acoso digital, usurpación de identidad, difamación, amenazas, pérdida de acceso a sus cuentas y envío de fotos sexuales no consensuadas.
La incomodidad y “sensación de acecho constante” de estar en redes tras verse violentada no es una experiencia única. Gran parte de las mujeres, adolescentes y niñas que han pasado por lo mismo sienten que ha afectado su autoestima, sexualidad e interacción con su alrededor. El miedo a ser juzgadas las lleva a vivir con esto en silencio para no recibir una marca moral.
El contexto de la investigación es el escenario político y social que se vivió en Chile durante 2018 y 2019, que estuvieron marcados por movilizaciones feministas y el estallido social.
En abril de 2018, un grupo de estudiantes de la Universidad Austral en Valdivia se tomó la Facultad de Filosofía y Humanidades por la reacción del establecimiento ante una denuncia de acoso sexual por parte de un profesor.
Gracias al actuar de las alumnas, otros casos de violencia dentro de universidades se visibilizaron a lo largo del país y desencadenaron múltiples manifestaciones. El movimiento fue llamado el “mayo feminista” y sus demandas eran “la incorporación de una educación no sexista, protocolos de género para el abordaje del acoso y violencia sexual al interior de los planteles de estudio, y una revisión de las conductas que constituyen abuso de poder y autoridad en el sistema educativo”.
El concepto de “funa” comenzó a masificarse para denunciar públicamente a hombres que habían ejercido algún tipo de violencia de género, especialmente sexual, sin repercusiones ni consecuencias. La palabra tiene su origen en el mapudungún, y significa “echarse a perder”.
En los 90’ existió la Comisión Funa dentro de agrupaciones de Derechos Humanos con el objetivo de denunciar a militares y civiles impunes tras la dictadura. Una de las acciones era identificar y exponer a “los torturadores en la vía pública, bajo la consigna ‘si no hay justicia, hay funa’”.
En 2018 los testimonios se publicaron en redes sociales, especialmente Instagram. Al hacer sus historias públicas, las denunciantes fueron amenazadas, y acosadas. Según el informe, es en este “ambiente político y social, grupos conservadores y antiderechos quisieron apropiarse culturalmente del término funa y, paradójicamente, comenzaron a replicarlo para denunciar a mujeres que hablaron abiertamente de sus abortos, a las que denunciaron a sus exparejas por violencia de género, y en el fondo, a cualquier mujer que hubiese utilizado el espacio digital en un intento de alzar la voz durante este movimiento”.
Hay un hecho en particular, plantea la periodista, que retrata la intersección entre los ataques digitales con la “consumación física de estos actos”. El 25 de julio de 2018, tres mujeres fueron apuñaladas durante una manifestación por el aborto libre en Santiago. “Ese mismo día en Twitter, la cuenta verificada @msp_central publicó: “Pintamos la Alameda con sangre y vísceras animales para recordarles a la #Aborteras que aquello buscan es dar muerte a niños. Esperamos que el olor a podredumbre las traiga de regreso al mundo real. #DefiendeChile #salvaLas2Vidas #SalvemosLas2vidas”, indica el documento.
Los ataques a organizaciones feministas se hicieron comunes en redes sociales, y la ONG Amaranta recibió casos de agrupaciones que perdían acceso a sus cuentas o eran dadas de baja. “Los grupos conservadores hacían presión en masa a las plataformas para poder reportar las cuentas. Cualquier excusa servía: ya sea porque las jóvenes habían publicado una foto de una mujer amamantando, o por el atisbo de un pezón femenino en un cuerpo pintado, todo valía para denunciar. Al mismo tiempo, ellos publicaban sin sanción contenido sexualmente humillante e intimidante, ante el cual las plataformas jamás actuaron a tiempo”.
En 2019 ocurre el denominado Estallido Social, que fue un escenario de violencia política sexual y brutalidad policial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recogió testimonios de, al menos, 476 víctimas de violencia sexual. Denuncian haber sido golpeadas, obligadas a desnudarse, abuso sexual con lumas y por varios uniformados al mismo tiempo.
Consecuencias de la violencia político digital
Las investigadoras Florencia Goldsman y Graciela Nathanson en 2016 señalaron que “los ataques en línea tienen consecuencias en la vida real: dañan la reputación, aíslan a las víctimas, coartan su participación en internet y en espacios sociales y generan diversos trastornos relacionados con malestares en el cuerpo físico (ansiedad, trastornos del sueño, entre otros)”.
Una encuesta realizada por ONU Mujeres Chile y Amaranta en 2020 a más de mil niños, niñas y adolescentes de Santiago, Antofagasta y Concepción, mostró que el 52% por ciento de las niñas entre 12 y 14 años ha vivido violencia digital y 73% de adolescentes.
Los ataques eran principalmente “peticiones insistentes de contenido sexual, el envío de fotografías de genitales masculinos, además de la creación de memes y contenido ofensivo referido a sus cuerpos”.
Todas las afectadas coinciden con que lo peor del ataque, junto con la amenaza de violencia sexual, fue la exposición pública y sentirse juzgadas por estar en Tinder, haber puesto que iban por el “Apruebo” y básicamente por habitar el espacio digital.
Una forma de prevención es “cambiar el estereotipo, que también implica que más niñas y adolescentes busquen estudiar carreras STEM, entendiendo que todas las personas diariamente construimos tecnologías y que hace falta que las mujeres se reapropien de estos espacios. Ello puede ocurrir derribando los estereotipos de que somos malas en matemáticas, y por su puesto, levantando más referentes y expertas que aborden estas temáticas también desde lo social”.
El otro factor que incide en que esto siga ocurriendo es la falta de una ley de Educación Sexual Integral (ESI), que “ha puesto en la familia y el criterio de cada establecimiento educacional qué orientaciones se hacen a niños y jóvenes en materia de sexualidad”.
Esto incumple acuerdos suscritos por Chile, los cuales dan garantía de que el derecho de niñas, niños y adolescentes reciban información completa y educación sexual integral. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminaciín en contra de la Mujer.
“Las consecuencias de no abordar la educación sexual y delegarle esta tarea solo a los padres se refleja en las cifras de embarazo adolescente, las tardías denuncias de violencia y abuso sexual acontecidas al interior del espacio familiar y la reproducción de una sociedad que sigue teniendo los estereotipos de género, el morbo y la cultura de la violación al pie del cañón”, escribe la autora.
“Según datos del Ministerio de Salud más de 10 mil niñas menores de 15 años han tenido hijos en la última década y más del 55% de la población juvenil indica que la entrega de información sobre sexualidad en los establecimientos educacionales es nula o de baja frecuencia”, indica Amnistía Internacional. Además, “casi el 55% de funcionarios y docentes de colegios públicos no se sienten capacitados para ofrecer clases de educación sexual y más del 40% no cree tener preparación para hablar de VIH/SIDA”.
El proyecto de ley referido a la ESI ha sido rechazado en sectores conservadores. En junio de este año, republicanos anunciaron un proyecto para que los padres tengan prioridad sobre la educación sexual de sus hijos.
En el ámbito legislativo, la diputada y abogada Maite Orsini, quien ha sido afectada por violencia en redes sociales, presentó un proyecto que proscribe, tipifica y sanciona este tipo de acoso y otorga protección a las víctimas.
En uno de los artículos se lee: “Se entenderá por violencia digital, para este párrafo, toda conducta realizada, a través de tecnologías de la información y las comunicaciones tales como medios, plataformas o dispositivos tecnológicos y que atente contra la integridad, la intimidad, la libertad, la vida privada que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o a la identidad o expresión de género tanto en el ámbito privado como en el público”.
El proyecto fue aprobado en general el 7 de junio de este año en la Cámara con 100 votos a favor, 5 en contra y 25 abstenciones. La solicitud para que tenga discusión inmediata no ha tenido respuesta.