Valorar al adversario y demandar rendición de cuentas
Editorial Súbela News
En una ceremonia íntima realizada en el Cementerio Parque del Recuerdo, y luego de dos extensas jornadas de funerales de Estado, la familia de Sebastián Piñera Echenique le pudo dar el último adiós.
Durante esos días, se le rindieron honores al exmandatario, contando con la activa participación del Presidente Boric; la expresidenta Bachelet; el expresidente Frei; representantes de Gobierno, del oficialismo y la oposición; junto a centenares de ciudadanos que llegaron hasta el excongreso y a la Catedral, para expresar sus condolencias y gratitud.
Durante su homilía, el Cardenal y Obispo de Santiago señaló: “Da esperanza ver personas de todos los partidos políticos, y algunos claros y nítidos adversarios políticos, en la guardia de honor junto al féretro. Da esperanza ver a los millones de chilenos que se conmueven ante la desgracia ajena y solidarizan con claridad y sin ambigüedades”.
En general, este sentimiento ha sido compartido por gran parte de la población. En tiempos de alta polarización nacional e internacional, resulta destacable que en Chile exista aún un espacio de respeto, duelo, y empatía que tan nítidamente se imprimió en el abrazo cariñoso del Presidente Boric a Cecilia Morel y en las palabras de agradecimiento expresadas por Magdalena Piñera, hija del expresidente.
Es comprensible que al fragor de la tragedia se sucedan revisiones incompletas, parciales y a ratos arbitrarias de la historia reciente. Por lo mismo, tiene sentido el deseo expresado por el Presidente Boric en su discurso, donde indicó que “ya llegará el momento de las evaluaciones históricas, de ponderar las luces y las sombras que tuvo como todo hombre público, pero no es este el momento de aquello”.
Pero aunque la distancia temporal fuese deseable para las evaluaciones, naturalmente no tardaron en expresarse voces críticas a los distintos acontecimientos y declaraciones.
El exministro Pablo Longueira señaló que “la oposición que le hicieron al Gobierno de Piñera ha sido por lejos la peor oposición que ha habido en Chile”. Asimismo, hubo críticas dirigidas al actual mandatario, tanto por su activa participación en los funerales y las diversas palabras de reconocimiento a la figura y obra del expresidente Piñera, como en particular por haber planteado que “las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”. Dicha frase provocó el inmediato aplauso de los asistentes a la ceremonia, al mismo tiempo que despertó críticas dentro del oficialismo. La diputada Carmen Hertz señaló “a mí no me parece en absoluto que la máxima autoridad política de un país en el que a raíz de una revuelta popular se violan en forma grave y generalizada los derechos fundamentales, se diga que usó todos los mecanismos institucionales y democráticos”.
Analizadas estas críticas en perspectiva, cabe preguntarse por la veracidad del encono opositor criticado por Pablo Longueira. Es cierto que la otrora oposición fue tajante en su crítica, especialmente respecto al segundo gobierno de Sebastián Piñera, con duras y categóricas declaraciones. Pero también cabe recordar que en ese momento, muchas de las críticas vinieron de su propio sector.
El excandidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló en diciembre de 2019 que “hoy nos encontramos con un gobierno que ya no gobierna, sino que administra y administra mal”. En las semanas que sucedieron al Estallido Social, Evelyn Matthei hizo eco a las presiones por un cambio de gabinete, apuntando que “tiene que ser un cambio profundo, por lo menos ocho ministros. Tú no puedes cambiar con la misma gente”. Fue la UDI quien congeló su participación en Chile Vamos, luego de que diputados de RN y Evópoli votaran a favor de la cuota de género en el marco del proceso constituyente, acusando problemas de liderazgo del entonces gobierno.
Así y todo, y más allá del intercambio de declaraciones de lado y lado, las cifras no revelan obstruccionismo legislativo de la entonces oposición. En efecto, para su segundo gobierno Sebastián Piñera logró la aprobación de un 54% de los proyectos de ley enviados al Congreso, cifra muy cercana al porcentaje de aprobación legislativa de su primer gobierno (53%) y del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet (55%). Todo ello, sin desconocer que el rechazo a la gestión del exmandatario excedió con creces al mundo político.
Según datos de la encuesta CEP, en junio de 2019, un 25% aprobaba la gestión del exjefe de Estado; esos números se desplomaron en diciembre del mismo año llegando a un 6% de aprobación y un 82% de desaprobación. Así entonces, aún cuando tomáramos en cuenta las acusaciones constitucionales contra el exmandatario, los antecedentes y los números constatan que la crítica esgrimida por Pablo Longueira hace pocos días no tiene suficiente asidero.
Respecto a las acciones del actual mandatario, Gabriel Boric, la valoración a su comportamiento ante la tragedia ha sido transversal. Ofreció ayuda y contención a la familia, y sin titubeos, cumplió con todo el protocolo, sin pequeñeces ni gustos personales de por medio, organizando un funeral de Estado que contó con la activa participación de sus ministros y ministras.
El reconocimiento a los logros y virtudes del expresidente Piñera por parte del mandatario, incluyendo su capacidad de dialogar con la diferencia y alcanzar acuerdos, tiene un sentido político profundo. Primero porque hace real la noción de democracia, que implica precisamente la capacidad de llegar a acuerdos, aunque existan diferencias políticas de fondo, con el fin de lograr el bienestar de la población.
Y en segundo lugar, porque la valoración a un adversario político como lo fue el expresidente, envía una señal inequívoca que busca aislar las crecientes pulsiones de extrema derecha, que hacen de la fractura social y el autoritarismo su principal capital político.
Por otra parte, resulta difícil comprender las declaraciones del Presidente en relación a las querellas presentadas, en especial si estas hacen referencia a las graves denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y el abuso policial ocurrido con posterioridad al Estallido Social. Como destacó la expresidenta Bachelet en su discurso en el ex Congreso, “aceptar que los cargos de alta responsabilidad política tienen un peso ineludible que no puede esquivarse, y la rendición de cuentas debe ser comprendida con humildad y como parte del espíritu democrático”.
Por tanto, las querellas y acusaciones constitucionales son también vehículos institucionales y democráticos para demandar rendición de cuentas y el ejercicio de responsabilidad política o penal, en los casos que existan antecedentes para ello. Sin desconocer el uso abusivo que se puede dar a estos instrumentos cuando no hay antecedentes fidedignos, lo cual no es el caso respecto a las causas que sucedieron al Estallido Social.
Los cuatro informes de organizaciones internacionales, incluyendo el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el propio expresidente solicitó, dan cuenta de 10.142 casos de víctimas de abuso policial. De ellos hay 127 formalizaciones y 38 sentencias condenatorias.
Incluso una de las causas donde ex otras autoridades del gobierno figuran como imputados (el expresidente está sobreseído por defunción), tiene fecha para su audiencia de formalización para este próximo 7 de Mayo, lo que confirma que aún cuando el resultado de estos procesos pueda eximir de responsabilidad a ex autoridades, existen antecedentes para investigar y potencialmente exigir responsabilidad. Determinar aquello es precisamente la función autónoma de los Tribunales de Justicia.
Si algo quedó de manifiesto en estos últimos días es que se puede hacer política desde la diferencia. Que se puede actuar con firmeza y empatía, y que no hay derrota en valorar las virtudes del adversario. En un contexto de creciente polarización, despierta confianza que las instituciones funcionen y que las principales autoridades cumplan su deber, cuidando las tradiciones republicanas. Por lo mismo, valorar el deber de todo gobierno de rendir cuentas, y cuidar las instancias formales para demandar y aceptar tanto responsabilidades penales como políticas cuando corresponda, son también parte de ese cuidado democrático.