Ley Uber: El polémico reglamento que enfrenta a las aplicaciones de transporte con el Gobierno
En las próximos meses será la implementación del reglamento de la Ley 21.553, el gremio de aplicaciones y parlamentarios de oposición aún intentan frenar la entrada en vigencia de la normativa, argumentando que el texto responde a discusiones desfasadas, al impacto económico que podría tener o cómo afectaría el empleo en Chile.
La “Ley Uber” busca regular las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. La normativa viene a estandarizar las condiciones de un campo laboral que viene presentando cambios desde hace años y que produjo una intensa discusión entre las empresas innovadoras y los taxistas.
La directora ejecutiva de Alianza In, Marcela Sabat, conversó en exclusiva con Súbela News sobre los alcances que podría tener la implementación del polémico reglamento, y explica las propuestas que entregan desde el gremio de empresas de transporte.
En las próximas semanas entra en vigencia la nueva Ley 21.553 que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, más conocida como “Ley Uber”. El proyecto ha causado polémica no solo en el gremio de aplicaciones, sino que distintos parlamentarios de oposición se han manifestado en contra de elementos de la normativa, como la pronta aplicación y aspectos técnicos del reglamento.
La nueva medida traerá una serie de requisitos para los conductores y las empresas que prestan estos servicios. Desde el gremio se han manifestado en contra de su implementación a través de distintas formas. Uber, por ejemplo, creó la campaña #DejaMoverme, que busca reunir firmas apuntando los puntos por los que consideran que la normativa no debería entrar en vigencia a mediado de enero.
Las múltiples campañas para frenar la ya inevitable implementación han señalado que el reglamento podría disminuir la oferta y aumentar las tarifas. Sin embargo, también se ha posicionado en el debate público la necesidad de que estos servicios eleven sus estándar de seguridad para sus usuarios y “colaboradores”.
Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In, gremio de aplicaciones de transporte, comentó a Súbela News que desde la agrupación creen que “es positivo que las reglas estén clara”, pero que consideran que “el proceso de redacción del reglamento debe ser cuidadoso para que no existan externalidades negativas en su aplicación”.
Según estimaciones de Alianza In, más de 60 mil personas quedarían desconectadas de forma automática por no cumplir con los requisitos que establece el reglamento.
Por su parte, un estudio de la Universidad Diego Portales señala, en tanto, que la “Ley Uber” reduciría en 88% la disponibilidad de viajes a nivel nacional.
“La poca opción de viajes afectará la vida de millones de personas que utilizan este servicio precisamente para llegar a sus trabajos o conectar con otros medios de transporte. Ahora sus trayectos serán en más tiempo, y con menos opciones”, comentó Louis de Grange, director de la Escuela de Ingeniería Industrial UDP.
Nuevo Reglamento: requisitos para aplicaciones de transporte
La ley 21.553 establece un reglamento para las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, Didi y otras. La iniciativa aprobada determina que las citadas apps se considerarán como empresas de transporte remunerado de pasajeros. Así, se entenderá que la plataforma forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte.
Además, define que estas empresas tendrán la obligación de inscribirse en un registro electrónico de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT) a cargo de la Subsecretaría de Transportes, donde se consignarán informaciones de la empresa y de los vehículos y conductores asociados.
Entre los requisitos que deben cumplir las empresas que entreguen servicios de transporte están:
Foto de Viktor Avdeev en Unsplash
Funcionar como persona jurídica con domicilio en Chile.
Tener seguros para los vehículos, conductores, pasajeros y terceros, lo que será objeto de un futuro Reglamento.
Entregar información a los clientes respecto a: recorridos, tarifas, nombre del conductor y características del vehículo.
Contar con un medio de reporte de urgencia, a disposición del cliente, para casos de emergencias.
Entregar al Ministerio de Transportes la información estadística de: recorridos, viajes, precios, evaluaciones y otros, resguardando la confidencialidad de los datos personales de los usuarios.
En cuanto a las exigencias para los conductores se encuentran:
Deberán poseer licencia profesional (Clase A2).
El vehículo deberá tener como mínimo una cilindrada de 1.4 litros (esto hace referencia al motor de combustión interna).
Los vehículos deberán contar con una antigüedad máxima de 7 años durante los primeros seis meses de vigencia de la ley. En caso de los autos de bajas emisiones, la antigüedad máxima será de cuatro años.
Solo se podrá utilizar vehículos cuyos dueños sean personas naturales.
Únicamente podrán trabajar en la región donde estén inscritos en el Registro Electrónico.
No podrán inscribir más de dos vehículos en el Registro.
Deberán actualizar cada seis meses su certificado de antecedentes.
Deberán aprobar la revisión técnica cada seis meses.
Los taxis no colectivos podrán adscribirse a una o más empresas.
Los vehículos de las aplicaciones no podrán funcionar como taxis, es decir, no pueden captar pasajeros en la vía pública.
Los vehículos de estas aplicaciones no podrán usar la vía o corredores exclusivos del transporte público.
“El objetivo principal de la ley y de la forma en que está diseñada, es fundamentalmente la seguridad”
El ingeniero Civil Matemático Andrés Fiebaum comentó a Diario Universidad de Chile que “el objetivo principal de la ley y de la forma en que está diseñada, es fundamentalmente la seguridad”.
“Cuando uno piensa en la ley, por supuesto, los usuarios son un grupo de personas que interactúan directamente con el sistema de Uber o con las plataformas en lo cotidiano, pero si hablamos de seguridad, también estamos pensando en el resto de los usuarios de las calles: los peatones, los choferes del transporte público, los otros conductores”, comentó el investigador.
Fiebaum agregó que “hay varios detalles que se pueden discutir, pero en principio, poner mayores exigencias de seguridad, que hasta el día de hoy son prácticamente nulas, beneficia a todas las personas que usan las calles, que es básicamente la población completa”.
Sobre el proyecto de ley presentado por parlamentarios UDI para postergar la implementación de la Ley 51.553, Fielbaum, argumentó: “Creo que cuando los parlamentarios de la UDI piden retrasar el inicio de la ley, es el mismo espíritu el que está detrás: mantener las cosas como están, sin hacerse cargo de que acá hay varios problemas que tienen que regularse”.
“La ley fue promulgada ya hace algunos años, entonces creo que se puede discutir, eso me parece bien, pero el argumento del Ministerio de que ha habido años para ajustarse a la ley es real, y por lo tanto no hay mayores razones para demorar la puesta en vigencia”, recalcó el exdirigente de la Fech.
Oposición e intenso lobby
La diputada UDI Flor Weisse ingresó durante la última semana de 2023 un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia de la ley, esto debido a los graves efectos que podrían tener las distintas restricciones que el Gobierno incluiría en el reglamento.
"El objetivo de dicha ley, además de ofrecer una mayor seguridad para los pasajeros, era regularizar un servicio que se estaba masificando en Chile, pero en ningún caso restringirlo”, señaló Weisse. “Y es precisamente esto último lo que estaría provocando el Gobierno a través del nuevo reglamento, porque no sólo las aplicaciones de transporte, sino que incluso académicos, han advertido por el enorme impacto que existiría en su operación", señaló la legisladora.
Además, argumentó que en una “nueva alza de desempleo y una economía muy estancada no parece oportuno atacar un servicio que se ha convertido en una alternativa económica para miles de chilenos”.
Otros parlamentarios de la bancada UDI se sumaron a la preocupación manifestada por Weisse, entre los que se encuentran los diputados Cristóbal Martínez y Natalia Romero.
“Creo que lo más prudente es tener una conversación franca con el Ministerio de Transportes y transparentar los reales efectos que tendrá la eventual entrada en vigencia del reglamento en cuestión”, afirmó el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe.
“Se habla de equiparar la cancha entre taxistas y aplicaciones, pero hoy es una conversación distinta tomando en cuenta que de los 25.000 taxis que hay en Santiago 11.000 están dentro de nuestras aplicaciones”
Por su parte, la representante de Alianza IN, Marcela Sabat, argumenta que la discusión en torno a la redacción del reglamento fue bastante desfasada.
“Se habla de equiparar la cancha entre taxistas y aplicaciones, pero hoy es una conversación distinta, tomando en cuenta que de los 25.000 taxis que hay en Santiago 11,000 están dentro de nuestras aplicaciones”, explica la exparlamentaria de Renovación Nacional.
“Es importante que en el reglamento y en la redacción de éste se tome en cuenta cierto contextos de fondo que tienen que ver con la seguridad, el empleo en Chile, y tomar la importancia al dinamismo de este ecosistema, y a la flexibilidad laboral como elemento primordial que valoran nuestros pasajeros y conductores”, expresa Sabat.
De forma particular, la aplicación Uber también ha intentado frenar la implementación de la normativa. A través de la campaña #DejaMoverme, que acumula 221.313 firmas, expresan su descontento con el reglamento y entregan una serie de alternativas a las establecidas en el documento.
Además, según lo investigado por La Tercera, desde el inicio del trámite legislativo en 2018 el gremio dio inicio a una serie de reuniones vía lobby con parlamentarios con el fin de exponer ciertas observaciones hacia el proyecto mismo.
Foto de Thibault Penin en Unsplash
En 2018 más de diez diputados pertenecientes a distintas bancadas registraron reuniones vía lobby con Uber, sindicatos de taxis colectivos y asociaciones gremiales de aplicaciones de Chile.
De 2021 a abril de 2023, fecha en que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) promulgó originalmente la Ley 21.553, el panorama se intensificó: A solo días de su promulgación, Uber solicitó una reunión con el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, con el fin de presentar su visión respecto a la regulación. Nueve días más tarde, Cabify pidió una cita similar con el secretario de Estado.
En el acta, Cabify indicó que su intención fue “revisar en conjunto con el gerente general la puesta en marcha de la ley de aplicaciones de transporte. Desde Cabify existe total disposición a hacer este proceso más expedito y garantizar a los miles de conductores de aplicación resguardar su fuente de trabajo. El equipo de Cabify ya se ha reunido con la jefa de División de Normas; por lo mismo, insistimos en una reunión con el ministro”.
A lo anterior se suman más de 30 reuniones con parlamentarios entre 2022 y 2023, entre quienes destacan Miguel Angel Calisto (Demócratas) (dos reuniones), Felipe Camaño (Ind.) (dos reuniones), Karen Medina (PDG) (cinco reuniones), Gaspar Rivas (PDG) (dos reuniones) y Leonidas Romero (Republicanos) (tres reuniones).
Entre los senadores que destacaron por participar en estos encuentros se encuentran Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Rodrigo Galilea (RN) Sebastián Keitel (Ind.) y Alejandro Kusanovic (Ind.). Este último registra cinco reuniones de este tipo solo este año.
Miradas en torno a la Ley
El Ejecutivo y parlamentarios de diversos sectores han apoyado la tramitación de la normativa, argumentando que la necesidad de una regulación a las aplicaciones de transporte era muy necesaria.
El diputado del Partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, explicó que “esta poca regulación que tiene la Ley Uber debe implementarse lo antes posible, de tal forma que en ningún caso estoy por postergar la entrada en vigencia de la ley ni su reglamento. Lo que se quiere aquí es dejar entrar grandes corporaciones para desplazar a emprendedores, ya sea autos particulares Uber o taxistas, y yo defiendo a los pequeños emprendedores”.
Reunión de miembros Alianza In junto a ministro subrogante (s) de Transporte, Jorge Daza. Fotografía: Alianza In
El senador UDI Gustavo Sanhueza expreso que la ley “viene a actualizar una realidad en la que todos estaban saliendo perjudicados por la competencia desleal hacia los taxis y la inseguridad que implica para los usuarios. Esta realidad vino para quedarse”.
Por su parte, el ministro de Transporte subrogante (s), Jorge Daza, desestimó las críticas que ha realizado la industria de las aplicaciones de transporte móvil contra la “Ley Uber”.
“Las campañas de las aplicaciones confunden a la ciudadanía, porque en estricto rigor (nos mandata) la ley. Nosotros estamos mandatados dentro de ese espacio de margen legal, y, por tanto, cualquier modificación no le corresponde al Ministerio de Transporte, le corresponde a un proyecto de ley que debiera ser tramitado en el Congreso”, comentó Daza en entrevista con T13 Radio.
En la conversación, Daza explicó que las modificaciones y el atraso en la implementación no dependen de la voluntad del Gobierno.
“Modificar o poder opinar respecto de la ley es un espacio que terminó en enero de 2023”, manifestó el secretario de Estado, por lo que “lo que a nosotros nos corresponde hoy es ajustarnos a lo que nos señala la ley, que son estos nueve meses de plazo para poder dictar este reglamento, y no estamos en contra de las aplicaciones o a favor de los taxis, lo que estamos es a favor de las personas y de aumentar sus condiciones de seguridad en los viajes y en los trayectos”, indicó.
Además, el subsecretario aclaró que los requisitos técnicos y la exigencia de licencia de conducir profesional no es un tema que se pueda cambiar en el reglamento: “Son cuestiones que llegaron establecidas en la ley y que no se pueden modificar por vía del reglamento”.
“Las campañas de las aplicaciones confunden a la ciudadanía, porque en estricto rigor (nos mandata) la ley. Nosotros estamos mandatados dentro de ese espacio de margen legal, y, por tanto, cualquier modificación no le corresponde al Ministerio de Transporte, le corresponde a un proyecto de ley que debiera ser tramitado en el Congreso””
“El reglamento lo que va a hacer más bien es hacer especificaciones respecto de cuestiones que no quedaron precisadas en la ley, y eso es lo que hemos estado trabajando durante estos nueve meses que nos mandó la ley”, detalló.
Sin embargo, el ministro (s) destacó que existirían espacios para realizar ajustes en el futuro: “Hemos escuchado atentamente a las aplicaciones y a la industria, en el sentido de hacer los ajustes necesarios en el reglamento dentro del margen que nos plantea la ley”.
“Estamos haciendo los análisis técnicos para que se pueda hacer lo más equitativo posible en el contexto de los taxis, y también en ese sentido estamos analizando el margen que podamos tener para establecer las condiciones de la cilindrada. Nos quedan pocos días, estamos trabajando intensamente para poder cumplir con esta fecha en tiempo y forma”, agregó.