A cuatro años del Estallido Social: Las cifras que dejaron las manifestaciones de 2019
El 6 de octubre de 2019 se subió la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana, lo que causó un profundo malestar en la población. El pasaje aumentó $30, pero el malestar generalizado provocó que, en una iniciativa de estudiante secundarios, se realizaran evasiones masivas en el Metro de Santiago. La situación escaló hasta que se cerró toda la red subterránea, producto de enfrentamientos entre manifestantes y personal de Carabineros.
El tren subterráneo cerró por completo, Santiago se paralizó y encolerizó ante la respuesta del entonces gobierno -el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick-, interpuso querellas por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieran cometido daños, incendios o saqueos. La furia de la población chilena mutó; ya no eran $30 el motivo de las protestas, sino 30 años donde se construyó una sociedad poco equitativa.
A partir del 19 de octubre las protestas comenzaron en todo el país, las capitales regionales bullían ante una población que exigía una solución a problemas estructurales que abalaban la desigualdad y que habían provocado el enriquecimiento de un sector minoritario de los chilenos.
El Estallido Social - nombre con el que se define las manifestaciones masivas ocurridas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 - contó con elementos represivos hacia la sociedad civil que no eran vistas desde la dictadura cívico militar, como toque de queda en casi todas las regiones y violaciones a los Derechos Humanos.
Manifestaciones
Las cifras que dejó la crisis social
De acuerdo a un balance realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el INDH interpuso ante los tribunales de justicia 3.216 querellas, las cuales se disgregan en 2.252 por apremios ilegítimos, 582 por torturas, 223 por violencia innecesaria y 159 por otros tipo de violencia.
A cuatro años de la crisis social, solo 34 de las 3.216 querellas que presento el INDH se encuentran con una sentencia condenatoria, de las cuales 26 son firmes y ejecutoriadas, es decir, no apelables. Además, se presentaron 9 amparos ante juzgados de garantía y 18 amparos constitucionales.
Las acciones judiciales del INDH fueron presentadas en favor de 3.777 víctimas que denunciaron violaciones a los DD.HH, desde donde se desprende que del total de víctimas 2.814 (75%) son personas de sexo masculino y 959 (25%) de sexo femenino. La edad promedio de los afectados fue 26 años.
Del total de víctimas consignadas en las acciones judiciales del INDH, 1.486 (39,3%) pertenecen a uno o más grupos de especial protección; 591 (16%) de las víctimas totales corresponden a niños, niñas y adolescentes, 959 (25%) son mujeres, 34 víctimas (0.9%) eran tercera edad, 28 (0,7%) eran personas con discapacidad, 27 (0,7%) pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y 21 (0,6%) eran migrantes.
Entre las consecuencias de las violaciones de Derechos Humanos 7 personas fallecieron por la acción de agentes del Estado, 3.581 (94,8%) sufrió alguna lesión física sin resultado de muerte, de las cuales 220 (6%) sufrieron algún tipo de trauma ocular. 50 de estas víctimas sufrieron estallidos oculares, 82 perdieron la visión, y 88 tuvieron lesiones causadas por trauma ocular.
El INDH contabilizó un total de 6.807 hechos vulneratorios de derechos, de los cuales los más comunes fueron golpizas - 2.095 (30,8%)-, disparos - 1.844 (27,1%)- y desnudamientos - 381 (5,6%). Un 77% de los hechos denunciados, un total de 5.220, ocurrieron en espacios públicos, 738 (10,8%) en lugares de custodia y 583 (8,6%) en vehículos de traslado.
En cuanto a la violencia sexual durante la crisis social, el 20,2% de las víctimas mujeres denunció algún hecho (violación, amenaza de violación, tocaciones o desnudamientos), casi el doble que los hombres (10,3%)
En palabras de la directora del órgano, Consuelo Contreras, “resulta preocupante” que luego de tres años, “de las 3.151 querellas interpuestas por el INDH, y que aún están abiertas, sólo el 9,5% hayan sido formalizadas” y que “de las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración”.