Los recién nacidos robados de Chile: Los casos de adopción ilegal que siguen sin respuesta

Manifestación Agrupación Hijos y Madres del Silencio.

El martes 10 de enero el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que solicita al Presidente Gabriel Boric la creación de la “Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas y Familiares de Adopciones Irregulares". El escándalo que data desde la década del 50 hasta los 2000, dejó al descubierto una red de tráfico ilegal de niños desde Chile hasta el extranjero para ser adoptados.

Si bien durante 2019 se puso en marcha una comisión investigadora presidida por el diputado Boris Barrera (PC), los acuerdos y conclusiones quedaron en el olvido, dejando actualmente a miles de madres sin respuesta del paradero de sus hijas e hijos.

La búsqueda inicial. Marisol Rodriguez (48) desde pequeña siempre había pedido una hermana. Quería una compañera de juegos en su casa, pero su madre le contestaba que ya tenía una, se trataba de un ángel que la cuidaba desde el cielo. Sin embargo y pese a la tristeza, no podían llevarle flores a un cementerio.

“Mi mamá me contaba que en el hospital le habían dicho que su hija nació muerta. Le dijeron que no podían darle el cuerpo porque sería objeto de investigación para saber la causa de muerte y ver si es que ella podía tener más hijos”, relata.

A medida que pasaban los años, Marisol comprendía que la historia era cada vez más turbia.

Llevaba años preguntándose qué había ocurrido con su hermana, cuando en 2014 su marido le hizo llegar un reportaje de Ciper que narraba las adopciones ilegales de niños chilenos durante las décadas de los setentas y ochentas. Al leer los testimonios, Marisol supo que su familia había sido víctima de una red de tráfico de infantes desde Chile hacia el extranjero para su adopción.

Adopciones irregulares. Fue en 2019 cuando el Juez Mario Carroza informó que existían hasta 20 mil casos de adopciones de niños chilenos enviados al extranjero que estaban bajo investigación por sus irregularidades.

Según lo revelado, a las mujeres -en su mayoría de escasos recursos o vulnerables- les quitaban los recién nacidos bajo la excusa de que estos habían nacido muertos o con graves complicaciones de salud. Además, existen testimonios que declaran que a las madres las hacían firmar documentos que no entendían, o bien, se les declaraba incompetentes para la crianza.

La asociación “Hijos y Madres del Silencio”, fundada por Marisol Rodriguez, nació en 2014 como un grupo en Facebook de personas en búsqueda de respuestas sobre el paradero de los niños y niñas. Actualmente, han coordinado más de 230 encuentros y desarrollaron un método de rastreo que les ha permitido identificar que muchos de los recién nacidos llegaron principalmente a Suecia, Italia, Francia y Estados Unidos con certificados de nacimiento chilenos, bajo la complicidad de médicos, matronas, enfermeras, asistentes sociales, sacerdotes, monjas y jueces.

“Me reuní con Silvia Hernandez, una periodista que había publicado una investigación sobre las adopciones irregulares que coincidía con la fecha de nacimiento de mi hermana. Empezamos a trabajar juntas convocando gente en un grupo de Facebook, y sin darnos cuenta, creció en la cantidad de personas que somos hoy: Familias que buscan y que son víctimas”, describe Marisol Rodriguez.

En su sitio web oficial, la agrupación se describe como “Madres que buscan a sus hijos, así como también hijos que buscan a sus madres o familias biológicas”.

El rol del Estado. En el año 2018, el diputado Boris Barrera presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados la moción de iniciar una comisión investigadora sobre los casos de adopciones irregulares. Finalmente, la comisión estableció responsabilidades estatales y sin ir más lejos, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, reconoció la gravedad del asunto

“Aquí hubo, al menos, negligencia del Estado por no haber advertido y evitar que estos

hechos ocurrieran. En consecuencia, deben hacer el esfuerzo de cooperar a través de

los servicios de quienes puedan contribuir a esclarecer la situación de la mejor forma

posible”, indica el Informe de la comisión especial investigadora.

Como parte de la compensación estatal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Servicio Médico Legal iniciaron pesquisas para un banco de huellas genéticas de personas adoptadas de forma irregular que permitía “hacer match” con sus padres biológicos. Marisol Rodriguez recuerda que se alcanzaron a tomar 58 muestras de las 200 personas que llegaron hasta el Museo de la Memoria. Sin embargo, la hoja de ruta trazada por el ministerio se truncó debido a la pandemia.

“Cuando empezó la pandemia entendimos que el Servicio Médico Legal tenía que preocuparse de eso. Pero empezó a pasar el tiempo y nos comunicamos con el exministro de Justicia, Hernán Larraín, y nos dijo que el proyecto sería cancelado. No nos dieron una explicación. Ahí quedó la esperanza de encontrar a nuestros familiares”, lamenta la fundadora de “Hijos y Madres del Silencio”.

El diputado Boris Barrera recuerda el compromiso del exministro Larraín para concretar el banco de huellas genético. “Nos mostró hasta una Carta Gantt en la comisión cuando expuso. Después de la pandemia quedó en nada y no quisieron retomarlo, argumentando que técnicamente no se podía, cuando ya se había comprometido en la comisión”, comenta Barrera.

Actualmente la investigación a cargo del ministro en visita Jaime Balmaceda, indica que hasta septiembre del 2019, se acumulaban 500 denuncias por presunta sustracción de niños y la cifra continuó creciendo hasta más de mil.

Marisol Rodríguez alega que por la magnitud de los casos se deberían incluir mayores recursos para la indagatoria. “La cantidad de gente que está en investigación es la misma de cuando había 200 casos, por lo tanto, el proceso es sumamente lento”, enfatiza.

Comisión Investigadora en Suecia. Durante junio del año pasado, la organización “Hijos y Madres del Silencio”, en compañía del diputado Barrera y el representante de la Policía de Investigaciones del equipo de adopciones irregulares de la Brigada de Derechos Humanos, Mario Vásquez, llegaron hasta Suecia a raíz de la invitación de ChileAdoption, ente que reúne a chilenos adoptados en tierras suecas, para sostener reuniones con el parlamento y el gobierno de aquel país.

En la instancia, la “Hijos y Madres del Silencio” denunció a Adoption Centrum, una organización sueca, alegando que ellos estuvieron detrás de la red de tráfico de niños y niñas en el país.

De igual modo, se denunció la existencia de un manual realizado por Anna María Elmgren, representante de Adoption Centrum en Chile, que la mujer le hacía llegar a las asistentes sociales para enseñar cómo convencer a las madres a entregar a sus hijos y cómo trabajar el desapego.

Para Marisol Rodriguez, quien estuvo presente durante la reunión, es insólito que un miembro de Adoption Centrum sea parte de la comisión designada por el gobierno sueco para entregar medidas reparatorias a las víctimas de adopciones ilegales.

Desde la organización también se cuestiona que el actual Primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson, fue presidente del polémico centro de adopción que ha sido cuestionado en países como Tailandia, Camboya y China.

“Esperamos que esto no trunque la investigación de Suecia, pero sí es una llamada de alerta. Ese es el temor que tenemos y cuando estuvimos en Suecia, lo denunciamos”, declara Boris Barrera.

En mayo del año pasado llegó a Chile la delegación de directivos de la Autoridad de Derecho de Familia y Apoyo a los Padres de Suecia (MFoF) para reunirse con el ministro en visita Jaime Balmaceda y conocer el avance de la investigación en Chile.

“Esta delegación venía a realizar averiguaciones respecto del proceso en Chile, que se ha denominado adopciones irregulares. En varios de sus casi 800 casos que se están investigando, hay más de 100 que están ligados a niños chilenos que habrían ido a Suecia, donde habrían sido adoptados por matrimonios o parejas de ese país", explicó Balmaceda en esa oportunidad.

Comisión de Verdad y Justicia. El diputado Boris Barrera y Marisol Rodriguez concuerdan en la importancia de la creación de una Comisión de Verdad y Justicia que se encargue de dar medidas de reparación, investigación y ayuda para el reencuentro de los familiares.

Para ambos, esta comisión significaría tener un número oficial de casos y, además, haría que el Estado se responsabilice de los casos y las víctimas.

“Vamos a poder saber cuántos casos reales son los que hay y podremos saber cómo fue todo esto. Será un hecho histórico en Chile. Antes de ayer, cuando estábamos en el Congreso, nos avisaron que falleció una de las mamás, ellas ya tienen edad avanzada, por lo tanto necesitamos que la investigación en curso tenga más recursos”, insiste Marisol.

“La gente de esta agrupación no busca compensación económica, buscan solamente apoyo psicológico, apoyo en los traductores, apoyo en los viajes para conocer a su familia. Eso debería atenderlo el Estado”, sentencia el diputado Boris Barrera.

Votación en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la Comisión de Verdad y Justicia.

“Es una falta tan grande que en estos momentos haya gobiernos como Dinamarca, Inglaterra o Francia que están investigando estos casos, pero Chile no se ha pronunciado como gobierno. Desde aquí salieron los niños, desde aquí fue la fábrica de hijos. No le puedo poner palabras porque es una indolencia tan grande. Ningún presidente, ningún gobierno se ha hecho cargo. Esto es un problema de Estado, porque fue la gente del Estado que estuvo involucrada en la sustracción de menores”, lamenta Marisol.