La Minuta AM: Empresas de gases industriales y medicinales se coluden durante peak de la pandemia
Lo que sucedió. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las empresas Linde e Indura, que distribuyen gases industriales, medicinales y especiales, se coludieron entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
La acción fue coordinada por los gerentes generales de Indura, Marcelo Torres, y Linde, Sergio Novelli, quienes se reunieron el 5 de noviembre en el café Tavelli ubicado en Avenida Las Condes. Según la FNE, aquel encuentro fue el inicio de una colusión para repartirse el mercado de los gases, donde cada empresa mantendría sus clientes y tenían el compromiso de no disputarle los compradores a su competidora.
“En dicho encuentro los ejecutivos abordaron diferentes aspectos comerciales de sus respectivas compañías (...) compartieron su visión sobre la estrategia de precios que debían aplicar para velar por la rentabilidad de sus respectivas compañías y manifestaron su intención común de conducir las negociaciones con sus clientes hacia la aplicación de alzas de precios”, dice el requerimiento de la FNE.
Esta colusión afectó además a sectores como la minería, la industria forestal y laboratorios, e incluso a hospitales durante el peak de la pandemia, meses durante los cuales se requirió una dotación extra de oxígeno.
Específicamente, el requerimiento de la FNE describe episodios en los cuales los afectados fueron entidades como el Hospital Félix Bulnes, el grupo minero Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, y la empresa industrial Vidrios Lirquén.
El requerimiento de la FNE se dirige contra los ex gerentes generales de ambas empresas, Marcelo Torres y Sergio Novelli, y el ejecutivo de Linde, David Lori, quien se encargaba de controlar el equipo de ventas.
Sin embargo, Linde y sus gerentes se acogieron al programa de delación compensada por aportar antecedentes, por lo que se solicitó que queden exentos de responsabilidad penal y multas. No obstante, sí podrían ser demandados por los afectados que quieran pedir indemnizaciones de perjuicios.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, afirmó que “esta colusión tuvo por objeto que cada empresa mantuviese los clientes que atendía, eliminando la competencia entre ellas. Afectó a clientes industriales y medicinales de una amplia gama de rubros”.
Según Grunberg, “los productos afectados son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y para la salud de las personas. Por eso hemos pedido al TDLC que imponga a los responsables sanciones ejemplificadoras que superan los US$31 millones”.
Para Indura, la FNE solicitó una multa de 37.860 UTA (unos US $31,3 millones), siendo la segunda multa más alta que la Fiscalía ha pedido después de Brink’s; y de 139 UTA (US $114.392) para Marcelo Torres, su exCEO.
Grunberg afirmó que la FNE “utilizó todas las herramientas que nos a conferido la ley para detectar la existencia del cartel y obtener pruebas duras sobre su forma de operar. Interceptamos comunicaciones telefónicas, obtuvimos registros telefónicos, allanamos domicilios, realizamos incautaciones de teléfonos celulares y computadores”
La acusación detalla que el acuerdo era denominado por los mismos ejecutivos como un “acuerdo de caballeros”, un pacto de “no agresión” o un estado de “paz y amor”.
Con estos acuerdos, las empresas se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, ofertaban precios intencionalmente altos con el fin de no ganar el negocio, se retiraban del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o se desistían de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.
“Hace casi 20 años la FNE acusó un cartel en este mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas porque no había prueba directa del acuerdo. Luego, se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada”, afirmó Grunberg.
Gracias a estos procedimientos, el fiscal afirmó que “la FNE puede afirmar con satisfacción que desbarató un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador”.